La Asamblea tramita el proyecto de Ley Humanitaria. Se propone acoger la propuesta gubernamental que los costos de la crisis los pague la ciudadanía mediante contribuciones especiales. Se pretende que sean los profesionales y otros cuentapropistas los que más contribuyan, y los empleados públicos, los que menos.
Los profesionales formales debieron pagar el impuesto a la renta de 2019 los días que entramos en cuarentena. Raro es el profesional que va guardando durante el año para que llegada la hora, pagar los impuestos sin afectar su saldo bancario. Incluso es posible que ante la inminente cuarentena, haya pagado con tarjeta de crédito.
Entra el profesional a la cuarentena sin liquidez o con deudas, y sin ingresos. Factura a sus clientes, quienes le dicen que le pagan cuando termine la cuarentena. Sobre lo facturado pero no cobrado tiene que pagarle al SRI el IVA que corresponde retener. Paga impuestos sobre dinero no percibido. Luego, el IESS le descuenta el valor mensual de las contribuciones.
Las autoridades fiscales, ávidas de dinero, insensibles a la grave iliquidez del sector privado, no difirieron el pago de impuesto a la renta de marzo, ni el pago mensual al IESS, ni el pago del IVA no cobrado. En otros países, se difirieron estas contribuciones, para facilitar al contribuyente el pago de sueldos.
Nuestro profesional busca desesperadamente dinero para pagar a sus empleados; a él no le quedará nada. Este año, sus ingresos serán muy inferiores a los de 2019. Según encuestas, las empresas estiman una caída de 40% en la facturación.
Supongamos que nuestro profesional independiente ganó USD 3 000 al mes en 2019; este año ganaría USD 1 800, si logra bajar sus gastos en igual proporción que sus ingresos. El Gobierno propone y la Asamblea acoge con entusiasmo gravarle sus ingresos de 2019, no los reales de 2020, lo que arroja USD 1 616 anual, el 7% de sus ingresos. Al sumar el impuesto a la renta, llegaríamos a USD 2 561 de carga tributaria, de ingresos anuales de USD 21 600.
A los trabajadores de bajos ingresos no se les gravará pero los trabajadores privados en cuarentena contribuyen de otra manera: aceptando una reducción de su sueldo en 25%, para mantener a flote a las empresas ilíquidas y sin funcionar. A los empleados con buenos sueldos se los bajarán y además se les cobrará el impuesto adicional. Son los segundos más afectados, después de los profesionales. Siguen empresas grandes.
Los asambleístas rechazan que a los empleados públicos les rebajen el sueldo, como a los privados. Tremendo contraste con Colombia, que ya tiene una Ley Humanitaria: los que contribuyen son exclusivamente los empleados públicos y los contratistas del Estado.
En cambio acá, para Gobierno y Asamblea, la economía privada existe para mantener al Estado. ¿Cómo llegamos a esta distorsión?