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La democracia directa en Ecuador permite que las personas decidan sobre asuntos públicos sin intermediarios. Este modelo convive con la democracia representativa y adopta varias formas. En Ecuador, estas herramientas han tenido una historia intensa y, a la vez, irregular. Hoy, 16 de noviembre de 2025, se votan un referendo y una consulta popular.
La democracia directa tiene tres modalidades principales. La primera es la consulta popular, que puede ser un referéndum o un plebiscito. El referéndum decide sobre normas o reformas con efectos obligatorios. El plebiscito pregunta sobre temas generales sin fuerza vinculante. Según el analista Simón Pachano, el plebiscito “se parece más a una encuesta, solo que más costosa”.
La consulta puede originarse “desde arriba”, cuando la convoca una autoridad, o “desde abajo”, cuando nace de la ciudadanía. En el registro histórico del país, solo una iniciativa nacional ciudadana llegó a las urnas: el caso de Yasunídos, después de una década de trámites.
La segunda modalidad es la revocatoria de mandato. Permite retirar del cargo a una autoridad elegida, según reglas específicas. Su espíritu es reforzar el control democrático desde la ciudadanía.
La tercera es la iniciativa legislativa popular. Un grupo ciudadano puede proponer una ley, defenderla y llevarla al debate. Pachano recuerda un solo antecedente: el proyecto de control del gasto electoral presentado por la Corporación Participación Ciudadana.
El politólogo César Montúfar sostiene que, en teoría, la democracia directa busca abrir espacios de decisión ciudadana, sobre todo a nivel local, donde existen prácticas deliberativas y presupuestos participativos. Considera que allí se genera una complementación con la democracia representativa.
Sin embargo, en el plano nacional la dinámica ha sido distinta. Para Montúfar, las consultas han servido más para legitimar iniciativas de los gobiernos que para ampliar la participación. “Más que profundizar la democracia, han profundizado el autoritarismo”, afirma.
Pachano coincide parcialmente. Explica que en Ecuador la consulta popular ha funcionado muchas veces como un recurso para medir respaldo político. No siempre con éxito.
Hay presidentes que la usaron y perdieron. Otros fortalecieron su posición. En la mayoría de casos, la votación se ordena “en plancha”, es decir, todo sí o todo no, independientemente del contenido de las preguntas.
El archivo histórico muestra 14 consultas nacionales desde 1978. En nueve ocasiones el voto fue en bloque, a favor o en contra del convocante. En cuatro, el electorado diferenció preguntas. Solo una consulta nacional fue ciudadana de origen.
Los analistas señalan que este comportamiento refleja una lógica plebiscitaria más que deliberativa. La votación se convierte en una señal política, no necesariamente en un examen de cada propuesta.
La democracia directa puede ampliar la participación cuando se apoya en procesos locales, deliberativos y vinculantes. Pero puede debilitarla cuando se convierte en un mecanismo de ratificación del poder. Montúfar destaca que el país retrocedió en el reconocimiento del carácter vinculante de la consulta a pueblos y nacionalidades, previsto en el Convenio 169 de la OIT.
Ambos especialistas coinciden en que las consultas deben servir para distribuir poder, no para concentrarlo. La calidad del proceso importa tanto como el voto.
