Cuando el Gobierno Nacional anunció que las salvaguardias orientadas a proteger a ciertos productos nacionales entrarían en vigencia el 11 de marzo, muchas personas asumieron que los precios de los artículos gravados se incrementarían desde ese día.
En circunstancias ideales, esa creencia sería equivocada, pues la subida de precios se aplicaría a los productos que ingresarían al país a partir de la fecha indicada y no a los que ya se exhibían o estaban embodegados en los diferentes establecimientos comerciales.
No obstante, la realidad ecuatoriana es otra. Incluso antes del 13 de marzo, no pocos almacenes dedicados a la venta de electrodomésticos y llantas, entre otros productos, ya habían elevado los precios de manera arbitraria, con el fin de aumentar sus márgenes de ganancia al aprovecharse del desconocimiento popular sobre los detalles de la medida.
Las autoridades de control tienen ahí un gran desafío, pues es su deber frenar los abusos de comerciantes inescrupulosos acostumbrados a lucrar de este tipo de coyunturas. Es momento de sentar precedentes y hacerles saber a los ciudadanos que hay instituciones cuya función se enfoca en defender sus derechos como consumidores.