Han pasado 70 años desde la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El documento evidencia la valentía de los pueblos de las Naciones Unidas y los líderes de la época, para creer en la dignidad humana y reconstruirla, en medio de la devastación sembrada por las guerras.
Desde entonces, la Declaración ha empoderado a las mujeres, las víctimas de tortura, las personas en movilidad humana, las niñas, niños y adolescentes, las personas con discapacidad, las personas LGBTI, los familiares de las víctimas de desapariciones forzadas, quienes lograron la firma de tratados internacionales para proteger sus derechos. Los pueblos indígenas, las y los campesinos, las personas de la tercera edad caminan hacia ese resultado.
En Viena, en 1993, la Declaración recordó que, sin lugar a dudas, los derechos humanos son indivisibles e interdependientes. A inicios de los 2000, inspiró la noción de los tres pilares de la ONU: no hay desarrollo sin paz y no hay paz sin desarrollo, y ninguno de los dos es posible sin los derechos humanos. Finalmente, el cumplimiento de los 17 objetivos de la Agenda 2030 permiten dar pasos concretos hacia la plena vigencia de los derechos sin dejar a nadie atrás.
La noción de dignidad humana contenida en la Declaración tiene tanto sentido que vive en el corazón del incansable trabajo de cada defensora y defensor de derechos humanos en Ecuador y en el mundo.
La Declaración también ha interpelado a varias generaciones frente a las recurrentes atrocidades que acontecieron alrededor del mundo: en América Latina, Vietnam, Ruanda, la ex Yugoslavia, Iraq, Siria o Myanmar. Es también un referente ético en debates sobre la extracción indiscriminada de recursos naturales, el cambio climático, los desplazamientos involuntarios causados por la pobreza y los conflictos, la lacerante violencia contra las mujeres y contra la niñez, y los impactos de las nuevas tecnologías.
En Ecuador, el deber ser planteado por la Declaración contrasta con desafíos estructurales que siguen pendientes. A pesar de los importantes esfuerzos del Estado para reducir la pobreza, y robustecer la institucionalidad y los diálogos democráticos, persisten situaciones preocupantes: 6 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia, la desnutrición crónica afecta a uno de cada cuatro niños menores de cinco años; el 30% de la población aún no accede a agua segura; discriminación y desigualdades siguen impidiendo el pleno gozo de los derechos humanos para muchas personas. Nunca debemos olvidar que la verdadera riqueza de una Nación son sus ciudadanos y ciudadanas. El cumplimiento de sus derechos humanos debe entonces ser la máxima prioridad de la sociedad.
Aún en tiempos de incertidumbre no podemos perder de vista la visión de la Declaración Universal. Donde se han respetado sus compromisos, se ha preservado la paz y dignidad de millones de personas.
Columnista invitado
Coordinador residente ONU Ecuador