A propósito de la vergonzosa situación legal de los dos últimos contralores generales, jefes del más importante organismo de control público, el uno sentenciado y prófugo y el segundo procesado por presunta delincuencia organizada por posible cobro de valores para desvanecer glosas; considero que la institución encargada de la selección de este funcionario, en este caso el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, debe tomar todas acciones para que este proceso sea lo más transparente posible, meticuloso y profesional; partiendo que el Contralor debe ser un profesional Contador Público Auditor, con amplia experiencia en la planificación y ejecución de auditorías y exámenes especiales en los sectores público y privado -sin desmerecer a otras profesiones pero zapatero a tu zapato-, sin antecedentes penales. Casi todas las Universidades del país preparan Contadores Públicos formados con alto nivel académico pero sobre todo con una sólida formación ética, que garantice el desempeño de estas delicadas funciones con solvencia y honestidad.
Aprovecho la oportunidad para hacer algunas sugerencias para prevenir la corrupción en el sector público, partiendo del hecho que es más conveniente prevenir que curar esta lacra: Dar mayor apoyo y otra orientación a las auditorías Internas de las instituciones públicas, que tienen, entre otras, la responsabilidad de evaluar el control interno implantado, manifestado de diferentes formas: existencia de manuales, procesos, delimitación de funciones, registros adecuados, etc, de tal manera que se detecten a tiempo posibles fraudes y se implanten correctivos oportunos; reactivar la Escuela de capacitación de la Contraloría General del Estado, a través de la cual se capacite, sobre todo a los nuevos funcionarios, en gestión pública y su normatividad; se eleve a ley el decreto de ética emitido por este Gobierno.
Apoyar a la Comisión Anticorrupción, de la cual fue parte el notable patriota Dr. Julio César Trujillo, en vez de crear comisiones paralelas.