En días pasados, varios medios de comunicación reprodujeron las manifestaciones de algunas autoridades gubernamentales respecto a que si el Acuerdo Comercial con la Unión Europea no entra en vigencia y aplicación a partir de enero del 2017, el Gobierno subsidiaría a los exportadores en aproximadamente USD 400 millones, que se estima, corresponde a los aranceles que se cobrarían el próximo año a los productos de exportación de Ecuador, el momento de su nacionalización en cualquiera de los 28 países miembros de la UE. No es agradable escuchar estos pronunciamientos, puesto que nos están diciendo, en otras palabras, es que los desaciertos en esta materia, tenemos que pagar los ecuatorianos a través de sus impuestos. Debemos recordar que estamos en esta situación, porque abandonamos la negociación del TLC entre la Comunidad Andina y la UE, que se suscribió en el 2003, aduciendo un principio de soberanía que hoy nos está costando. Estamos apurados puesto que quedan pocos días para que la UE deje sin aplicación la preferencia arancelaria unilateral contemplada en el Sistema General de Preferencias, lo que implica que a partir del 1 de enero del 2017, si no se firma y se pone en vigencia el Acuerdo Comercial, nuestros productos de exportación serán menos competitivos en dicho mercado respecto a sus similares exportados por Colombia y Perú, con el riesgo de no poder exportarlos y perder ese mercado. Recordemos que en el 2015, alrededor del 15% del total exportado por Ecuador, se envió a la UE y que de los aproximadamente USD 2.773 millones exportados a ese mercado, cerca del 90% se concentraron en banano, conservas de atún, productos del mar, rosas, palmito, extractos de esencias, entre los más destacados, alguno de los cuales, se producen en Manabí, una de las más afectadas del terremoto del 16 de abril. Anhelo que Ecuador culmine esta negociación y nuestras exportaciones a dicho bloque no se afecten a partir del próximo 1 de enero.