En 1972, con la algarabía de que habíamos descubierto petróleo en el Oriente y tendríamos un futuro boyante, se expide la ley de hidrocarburos en donde se establece que el precio de los derivados debía ser fijado por el presidente de la República. Con esto se crea el famoso subsidio de los combustibles con cuyo monto se pudiera construir, sin pedir ningún préstamo, una Coca- Codo Sinclair por año. Pero a pesar de los ingentes montos involucrados, este subsidio es profundamente injusto y está lejos de ser un instrumento de redistribución de la riqueza como indica el Art. 285 de la Constitución. Muy por el contrario, es causante de un flagelo moderno que se llama la congestión vehicular; del hueco que existe en el bolsillo de todo ecuatoriano por el que no se caen las monedas sino billetes en fuga de gas, gasolina y diésel por las fronteras; y, lo más triste pero menos mencionado, es la alta tasa de mortandad en las vías, en donde nuestro país alcanzó el primer lugar en la región en el 2016 y quién sabe si también este 2018. Con respecto a este último punto, el lector interesado puede googlear la investigación titulada “Gasoline price and road fatalities” de Paul Burke.