La Constitución, la Ley de Seguridad Nacional y las leyes militares vigentes antes de la década perdida indicaban con claridad las responsabilidades sobre seguridad nacional que tenía el Estado a través de la Presidencia de la República, del Congreso, y de la Corte Nacional de Justicia. También se encontraban establecidas las responsabilidades de los ministerios, de las instituciones públicas y privadas y de los ciudadanos en general. Los revolucionarios cambiaron toda la estructura de la seguridad nacional pretextando que había que darle un toque “civilista” porque, según ellos, los militares creían que eran los únicos responsables de la seguridad nacional; engañaron a la población ecuatoriana y en la nueva Constitución suprimieron la responsabilidad de las FF.AA de garantizar el ordenamiento jurídico; eliminaron el concepto de fuerza pública; la policía dejó de ser fuerza auxiliar de las FF.AA; pusieron en manos inexpertas el IAEN, la inteligencia, la defensa civil, la movilización nacional; suprimieron la Secretaria del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena). El Comando Conjunto pasó a segundo plano y ya no es más organismo superior de seguridad nacional. Correa denigró a las FF.AA. acusando a los militares de fascistas y agentes de la CIA; compró radares que nunca funcionaron, helicópteros que se cayeron y aviones de segunda mano. El presidente Moreno ha definido lo que Correa hizo, dijo: “hubo un desmantelamiento de las FF.AA.”.
Para afrontar el conflicto en la frontera Norte, al parecer, el Estado no cuenta con un plan nacional de defensa interna y externa que incluya las tareas de las instituciones civiles, por eso el Presidente ha resuelto crear un Comité de Seguridad Fronteriza, comenzaremos de cero en lo civil, porque en lo militar siempre hay planes actualizados, a pesar de la arremetida de Correa contra las FF.AA.