Acudí a la SuperCías, con la “esperanza” de que controlen a la empresa donde tengo unas acciones y durante más de 20 años no ha generado ningún dividendo y utilidades a los trabajadores.
Solicitaba una mediación para obtener la información financiera que todos los meses genera la Contabilidad de la empresa para el proceso de contratación de la firma de auditoría externa que exige la SuperCías para las que tienen activos superiores a USD 500 000.
La respuesta del servidor público fue que no tienen el servicio, preguntó a sus colegas y no sabían dónde funcionaba, dijeron que la Cámara de Comercio o el Consejo de la Judicatura. Le comenté que la empresa lleva dos años de pérdidas y se hacen operaciones que ocultan obligaciones reales como el pago de la renta del edificio que utilizan para el servicio de hospedaje y que la “mayoría” decide las acciones importantes, nombran presidente, gerente, comisario y lo quisieron hacer con el auditor externo. Muy similar a lo que se hizo en el Gobierno pasado, pero aquí continúa.
Al final la solicitud no fue recibida, dice el servidor que solo exige los estados financieros anuales, los disponibles son del 2016 y con eso no se puede solicitar una auditoría externa para 2017. Para la Institución que “controla” a las empresas no son necesarios los informes de periódicos como lo hace la banca privada y pública de manera obligatoria.
Los problemas financieros de las empresas son complejos, muchas están en situación de quiebra por las pérdidas acumuladas, ocultarlo hace que el problema se dilate y las consecuencias aumenten.