Hay quienes la consideran la política social más ambiciosa del siglo XXI. Ha sido implementada a nivel experimental por dos naciones, Mongolia e Irán. La propuesta va captando el interés de instituciones internacionales y países, como alternativa a los planes estatales de seguridad social. En una de sus formas, el ingreso básico mínimo, permitiría a una población mantenerse por encima de la línea de la pobreza. En su forma más aplicable, debería eliminar los programas sociales de asistencia estatal, contribuyendo a la reducción del Estado. Según una publicación del Banco Mundial de febrero 2020, el sistema nivelaría las relaciones de poder en los mercados laborales, favorecería la igualdad de género, reduciría la desigualdad social, mitigaría la pérdida masiva de trabajo por la automatización e inteligencia artificial y empoderaría a las personas de los beneficios de la monetización de los recursos naturales. David Evans y Anna Popova, en una publicación del Banco Mundial del 2014, revisaron la evidencia de 29 estudios en Asia, África y Latinoamérica sobre la transferencia directa de fondos a poblaciones pobres, todos mostraban un incremento significativo en educación y salud. La propuesta, sin embargo, es aún experimental e incipiente, ya que también podrían existir potenciales efectos negativos, aunque nadie aún lo sabe con certeza.