Ha pasado un mes desde que varios sectores sociales decidieron paralizar no solo sus actividades sino las de toda la ciudadanía de forma arbitraria, perjudicando al comercio, la seguridad, el trabajo. Indudablemente existieron infiltrados que generaron caos, delincuencia y terrorismo. Blanco de esta acción terrorista fue la Contraloría, entidad debilitada en el anterior gobierno, que incluso pretendió desaparecerla.
Causa sorpresa el nivel de organización de los terroristas para ubicarse en sectores importantes, paralizando el tráfico y generando caos, estrategias similares a las utilizadas por los colectivos (grupos delincuenciales de Venezuela, afines al gobierno de Maduro), quienes contaban con servicios logísticos como alimentación y pago, tras cometer los actos delincuenciales.
Fue admirable el liderazgo de Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal, para establecer caminos de diálogo, los cuales permitieron alcanzar acuerdos en beneficio de toda la sociedad, pero el principal logro fue que los grupos sociales y las autoridades al llegar a un acuerdo, desenmascararon a los mercenarios y sus directivos quienes coordinaban toda la logística para desestabilizar al Gobierno Nacional.
Notable diferencia en el manejo de la crisis la demostró el Gobierno a través de su titular y el gabinete ministerial, otrora el 30 de septiembre de 2010, cuando la prepotencia y vanidad del entonces jefe de estado, cobraron la vida de uniformados, así también se utilizó la justicia para perseguir a los adversarios políticos.