Lo que sucede en nuestro país, es para Ripley. Un gobierno que a través del Ministerio de Salud, tiene la competencia constitucional exclusiva de la salud del pueblo prevista en el Art. 260, numeral 6, de la Constitución, que cuando se sintió impotente frente a la pandemia del covid-19, delegó a los COE cantonales y por ende a los municipios para que tomen a su cargo las acciones correspondientes al cuidado de la población frente a la pandemia, asumiendo todos los riesgos y gastos con sus limitados recursos para hacerlo, ya en la adquisición de pruebas rápidas y PCRs para las casas de salud del Gobierno que no las poseían, ya con los kits alimenticios para la población que se abstuvo de trabajar para evitar el contagio, como lo dispuso el mismo gobierno. Esos valores y recursos invertidos por los municipios para salvar las vidas de miles y miles de compatriotas, el gobierno debe sumar a la deuda que tiene con los gobiernos descentralizados por falta de pago de sus ingresos de participación, que de sus escuálidos recursos tuvieron que afrontar los gastos para contrarrestar la pandemia. De esta supuesta deuda, nadie dice pío, ni el Gobierno bien servido, ni los candidatos finalistas a la Presidencia, que desconocen la verdadera realidad nacional.
Pero ahora que los GADs municipales en su deseo de evitar más muertes de sus habitantes, desean importar directamente las vacunas ante la indolencia del Gobierno y su presidente que no tuvo la visión de un verdadero estadista como los de Chile, Colombia, Israel, Estados Unidos, entre otros que se adelantaron a adquirir la producción de vacunas para salvar a sus pueblos de esta pandemia mortal, el gobierno del Ecuador, vergüenza ajena, no quiere aprobar la licencia a los municipios, aduciendo ahora sí que es su competencia y del Ministerio de Salud, poniéndoles trabas que los gobiernos municipales ya las han cumplido, pero para nada. Ni siquiera se cumple una sentencia de juez competente disponiendo se publique la lista de los vacunados con las incipientes cantidades de vacunas llegadas al país, que más bien da risa, incumpliendo la Ley de Transparencia y Control Social, en un país en donde las Cortes respectivas brillan por su ausencia e indolencia y unos despistados asambleístas están dedicados a tapar el sol con un dedo por su ineficacia.