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Decisión municipal equivocada

El suplemento LIDERES del 15 de Marzo, publica una amplia información respecto a la formación y experiencia de la nueva Gerente del Metro de Quito, de donde se desprende que su profesión es abogada y que ha laborado en varias dependencias del sector público relacionadas con la movilidad, entre otras, el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Tránsito, el propio Municipio, la ONU y en el tranvía de Cuenca.

Sus cargos principales fueron: asesora del Ministerio de Transporte, directora de regulación de la ANT, asesora de la Secretaría de Movilidad y asesora en empresas de transporte de la oficina de proyectos de Naciones Unidas.

Por el detalle que antecede puede haber sido una excelente funcionaria administrativa, pero temo que nunca fue una ejecutiva del “expertise” que debería tener la gerente de una empresa de la envergadura del Metro de Quito, pues creo que para ese cargo es necesario que su perfil profesional esté más ligado a la ingeniería, pensando en los eventuales daños operativos o en finanzas, que entiendo era lo recomendado por las consultorías contratadas y no a las ciencias sociales, porque su utilización en este campo va a ser mínima.

No creo que, para la nueva Gerente del Metro, sea una buena carta de presentación el haber laborado en la Empresa Municipal de Transporte, porque sus resultados no fueron los mejores, tanto que por ello habría sido liquidada por funcionar deficientemente, tanto que de los 120 vehículos, nunca operaron al mismo tiempo más de 20, pese a que tenía 170 choferes, más todo el personal de apoyo, que gozaba de una “estabilidad de 10 años” por el contrato colectivo.

Temo que al tomar directamente, la administración de esta empresa, se van a politizar la mayor parte de las decisiones, tanto más que se estima que en ella van a laborar cuando menos unas 600 personas lo que permitirá concretar muchos compromisos políticos, como ha sucedido con las dependencias del ayuntamiento capitalino que tendría al momento una carga burocrática de más de 20.000 empleados, con lo cual el “supuesto ahorro” por haber escogido esta alternativa, va a quedar en cero y en una carga que, más tarde, va a ser del Gobierno.