La falta de burócratas para cumplir los trámites requeridos por los ciudadanos en las diferentes funciones del Estado, es una situación maligna que obliga a las entidades públicas a contratar personal a pesar de la austeridad. La función judicial es la más afectada, pues la ley a pesar de tener mecanismos simplificados, necesita cumplir ciertas reglas, para culminar en un debido proceso. En la actualidad existen denuncias que nunca llegan a la etapa de llamamiento a juicio, no por un dictamen abstentivo, si no por falta de investigadores. Las audiencias se difieren de acuerdo a la disponibilidad del juzgador, que en la mayoría de los procesos, es para tres o cuatro meses, si existe suerte. Claramente, la culpabilidad no la tienen los funcionarios o algunos burócratas, la tiene el sistema, por no ser administrado en términos reales de acuerdo al personal que en realidad se necesita; mientras que en algunas ciudades sobra espacio en otras falta servidores, investigadores y jueces. ¿Obligadamente grande?, pues a mi criterio lo sentenciaría como obligadamente realista.