Es verdad que el “innombrable” ex presidente le complicó la vida a todo el mundo, porque solo él tenía la razón. En el caso del IESS, se le obligó a atender casi a tres millones de menores de edad, sin el pago de aportes y sin que se le dote previamente de la infraestructura necesaria.
Pero las complicaciones de tal dependencia no se originan exclusivamente en resoluciones políticas, sino en decisiones internas equivocadas. Así, por ejemplo, cuando presenté, hace algún tiempo, una solicitud para beneficiarme del montepío, me negaron aduciendo los “abogados” del IESS que tal ayuda corresponde exclusivamente a las cónyuges, olvidando que mediante reforma legal se la extendió a los dos cónyuges.
Ante mi reclamo se me pidió que la solicitud lleve la firma de un abogado, sin saber que dicho requisito, no es necesario en los reclamos administrativos, como era el mío.
Ante mi insistencia, una visitadora social se presentó en mi domicilio para conocer mi situación económica y como se percató que “no era pobre”, presentó informe negativo, desconociendo que por derecho constitucional, todos los ecuatorianos somos iguales ante la Ley y que nadie puede ser discriminado por su condición socio-económica.