La Codificación de la Ley del Anciano, publicada en el Registro Oficial Nº 376 de 13 de octubre de 2006, determina de forma clara lo que transcribo textualmente:
“Toda persona mayor de 65 años de edad y con ingresos mensuales estimados en un máximo de cinco remuneraciones básicas unificadas, o que tuviera un patrimonio que no exceda de 500 remuneraciones básicas unificadas, estará exonerada de toda clase de impuestos fiscales y municipales. Para la aplicación de este beneficio no se requerirá de declaración administrativa previa, provincial o municipal.”
El ex Presidente Correa por Decreto Ejecutivo sancionó la Ley de Impuesto Verde (Contaminación Ambiental).
Muchas personas de la tercera edad tenemos para nuestro exclusivo uso familiar un vehículo adquirido hace varios años; los mismos que correctamente mantenidos, bien calibrados y en buenas condiciones para nuestra seguridad, pasan el control de gases en los centros de revisión vehicular lo cual evidencia el correcto funcionamiento. ¿Por qué tenemos que ser castigados pagando este malhadado impuesto?
Por esta Ley de “Contaminación Ambiental” los adultos mayores tenemos que pagar el equivalente a dos y media remuneraciones básicas cada año; esto es vergonzoso e injusto, toda vez que existe una ley encaminada proteger al anciano la misma que no se aplica en función de la otra Ley Ambiental.
Esta ley discriminatoria en contra de las personas de la tercera edad por justicia debe ser por decreto presidencial derogada de inmediato; ya que no resuelve nada sino al contrario mengua la limitada economía del sector más vulnerable de la sociedad.
El señor Presidente ha enunciado “todo con ustedes y nada sin ustedes”, en ese sentido las personas de la tercera edad exigimos que en justicia se clarifique al SRI que la Ley del Anciano prevalece ante otras leyes de similar jerarquía y se nos permita de esa manera tener una vejez digna.