Todos estamos pendientes del proceso de la reorganización de la Justicia.
El Presidente acaba de decretar el estado de excepción a este sector que por hoy está más vulnerable que nunca por haber empezado un concurso de merecimientos para la elección de jueces. Es de preguntar ¿cabe entonces la intervención de la Presidencia?
Una vez más nos queda la duda de la transparencia de uno de los proyectos sociales más importantes. Precisamente porque la designación de jueces merece la más alta transparencia, esta intromisión es lo más inoportuno y lo menos recomendable.
Correa sigue dando muestras descaradas de la innegable majestuosidad que desde el 2007 se dio.