Quiero agradecerle por la nota publicada en ese Diario, con el título “La Fundación Esquel celebra su aniversario”, el día 17 de septiembre del 2015, la cual, supongo, debió haber sido elaborada a partir de una larga entrevista que me hiciera el periodista Andrés Jaramillo; la que ha dado lugar a una carta del Sr. Jaime Mantilla Anderson.
Durante estos 25 años nuestro trabajo ha tenido como cimientos atender el interés público y el trabajo compartido con diversos actores privados y públicos.
Una de las iniciativas en la que estuvimos muy comprometidos fue el proceso que condujo a la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública (Loafyc) publicada el 18 de mayo del 2004 en el Registro Oficial, luego de varios esfuerzos dispersos desde varios actores.
Nuestra participación consistió en ser una de las seis organizaciones de la sociedad civil que conformaron la Coalición Acceso en 2002, con el propósito de promover una ley que contribuyera a la transparencia y asegurara el derecho a la información, junto a nosotros estuvieron: Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental (CEDA), Clínica de Derechos Humanos de la PUCE, Corporación Latinoamericana para el Desarrollo (CLD), Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA), Participación Ciudadana, con el apoyo del Ildis.
Simultáneamente, fuimos parte de un grupo de trabajo constituido entre organizaciones de la sociedad civil y el Estado interesadas en presentar una propuesta consensuada al Congreso Nacional en el que participaron CLD, Superintendencia de Bancos, Consejo de Seguridad Nacional, Procuraduría General del Estado, Contraloría, Comisión Anticorrupción, Ildis, PUCE, entre otras organizaciones.
Posteriormente, pudimos apoyar otras iniciativas para la difusión de la Loafyc, la capacitación a funcionarios públicos y la generación de herramientas que aseguraran la exigibilidad del derecho de acceder a información pública.
Nuestro lema dice que “Nos apoyamos en la fuerza de la acción colectiva”, por lo que lamento que la nota arriba mencionada haya dado lugar a una mala interpretación respecto de lo que ha sido y debiera ser la participación ciudadana en temas de interés público.