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¿Inversión por decreto?

En un comentario editorial del director de Ecuador Inmediato, el viernes 16 de este mes, a quien podría considerarse un vocero no oficial del Gobierno, sostuvo que la salida del gabinete ministerial de la ministra Cely se debió a que su manejo del proyecto de Ley de Inversión Público Privada despertó serios cuestionamientos en la propias filas de AP, porque habría cedido indebidamente a las presiones empresariales; y la del señor Muñoz, a que culminará un doctorado.

La ilimitada ambición de los empresarios, que quisieron aprovechar del proyecto de ley para exigir cuestiones absurdas como el cambio de modelo económico, eliminación de los proyectos de ley de herencia y plusvalía, e inclusive enmiendas de la Constitución, dijo el periodista, va a llevar a que el proyecto urgente entre en vigencia por el ministerio de la ley y no se introduzca ningún cambio al texto original. Pero “ya les quiero ver a los empresarios negociando con Vinicio Alvarado”, quien ha demostrado absoluta fidelidad al Presidente de la República, más allá de que su pensamiento sea o no de izquierda. Y no sé qué hace en el gabinete el ministro de Industrias Egas -continuó- si se ha permitido cuestionar la política económica del régimen. Y advirtió su salida en los próximos días.

El Gobierno tiene la autoridad y el número de legisladores obedientes para hacer prevalecer sus opiniones, políticas y puntos de vista. Así lo ha hecho en estos casi 9 años. Lo que ocurre es que si de veras se quiere atraer capitales, habrá que crear un marco jurídico idóneo y un ambiente propicio para el desarrollo empresarial, que resulte atractivo para los inversionistas, pues de lo contrario se expedirán la ley de cooperación público privada y otras más, pero no se concretarán las inversiones. No hay manera de obligar a la inversión por decreto. Esa es la realidad, guste o no.