Las declaraciones del Presidente del Consejo Nacional de la Judicatura respecto a la destitución de más de 100 jueces este último año no se pueden tomar como un logro institucional ni como un aporte a la Función Judicial, sino como el resultado directo de concursos ineficientes que permiten a malos profesionales y personas corruptas llegar a asumir, nada más y nada menos, que la sagrada labor de “administrar justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley”.
Si los concursos se hicieran como debe ser esto no pasaría. Esa declaración estadística revela el reiterado fracaso del Consejo de la Judicatura como organismo contralor de la Justicia, nominador y seleccionador de operadores judiciales, en perjuicio de los ecuatorianos y de la resolución de sus conflictos.