18 de junio de 2019 00:00

Deber objetivo de cuidado

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Carlos Bustamante Salvador

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Garantizar a los ciudadanos el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad libre de corrupción, constituyen los presupuestos indispensables para dictar políticas que permitan una administración adecuada de los mal denominados centros de rehabilitación social.

El hacinamiento de las mazmorras es un problema estructural de la justicia, de la sociedad, de los administradores, del gobierno que negligentemente no soluciona. Dictar estado de excepción para controlar los mal denominados centros de rehabilitación social, destinando para el control a las Fuerzas Armadas y a la Policía, es una clara demostración de desconocimiento y de ausencia de política criminal de prevención del delito y rehabilitación de las personas que están cumpliendo una sentencia. El delito culposo surge por la inobservancia de las normas sancionatorias, en prevención de resultados dañosos. El Art. 14 inciso 3, del Código Penal vigente hasta el 13 de febrero del 2013, decía: “La infracción es culposa cuando el acontecimiento, pudiendo ser previsto, pero no querido por el agente, se verifica por causa de negligencia, imprudencia, impericia, o inobservancia de Ley, reglamentos u órdenes”. El Código Orgánico Integral Penal del 2014, en su libro primero, modalidades de conducta manifiesta que no impedir un acontecimiento, cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo, equivale a ocasionarlo, infringiendo el deber objetivo de cuidado, por lo tanto, existe culpa cuando se produce un resultado antijurídico, por falta de atención y previsión.

El régimen general de rehabilitación social determina cuatro fases, información y diagnóstico de la persona privada de libertad, desarrollo integral personalizado, inclusión social y apoyo a los liberados, coadyuvado con actividades educativas, culturales, sociales, de capacitación laboral y de salud integral, que permitan el desarrollo de destrezas y habilidades de las personas privadas de libertad. ¿Se cumple? ¿Hasta cuándo se determina una política criminal y de prevención?

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