23 de octubre de 2020 00:00

Cultura de la buena Gestión Pública

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Fabián Arteaga Espinel

Ante los múltiples acontecimientos negativos en el manejo de los recursos públicos que nos enteramos cada semana a través de los diferentes medios y de los organismos e instituciones encargados del control y sanción respecto al mal proceder de ciertos servidores públicos en general debemos realizar una nueva forma de ordenamiento estructural del Estado, independientemente de los Códigos de Ética que existen en cada una de las entidades, implementando una cultura de la buena gestión pública que implique visualizar al Estado como lo indica el Art. 211 y 212 de la CRE en concordancia con el Reglamento de Responsabilidades de la CGE en su Art. 1.- “Las autoridades, dignatarios, funcionarios y demás servidores de las instituciones del Estado, los personeros, directivos, empleados, trabajadores y representantes de las personas jurídicas y entidades de derecho privado con participación estatal o terceros, actuarán con la diligencia y empeño que emplean generalmente en la administración de sus propios negocios y actividades, caso contrario responderán por sus acciones u omisiones, de conformidad con lo previsto en la ley”.

Gozando este reglamento de un gran alcance dispositivo, que por acción u omisión ocasionen perjuicio económico al Estado o a sus instituciones, ordena sanciones desde terceros en calidad de personas naturales o jurídicas como consecuencia de su vinculación con los actos o hechos administrativos de los servidores públicos, además de autoridades, dignatarios elegidos por votación popular, funcionarios y demás servidores de las instituciones del Estado, que de acuerdo al grado de la acción u omisión y por el objeto mismo de la responsabilidad ésta puede ser administrativa culposa, civil culposa e indicios de responsabilidad penal IRP; y, por los sujetos, puede ser, principal y subsidiaria, así como directa y solidaria, de conformidad a lo dispuesto en la LOCGE. Con lo que, en virtud de la cultura de la buena gestión pública, nuestros actos administrativos deberían de ser racionales, análogos y transparentes que beneficien y protejan a las instituciones, servidores y al Estado.  

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