El editorial del EL COMERCIO (6, julio) está acertado y tiene razón. El proyecto de Código Penal Integral tiene que ser materia de amplio y serio debate: en la Asamblea Nacional, en “las universidades y sus facultades de Derecho, académicos, jurisconsultos y abogados en libre ejercicio (…)”. Ya es hora de que la administración de justicia penal cuente con un cuerpo legal armónico y bien estructurado, en donde los tres códigos: Penal, Procedimiento Penal y Código de Ejecución de Penas, sean producto de un estudio serio y académico, y no de coyunturas politiqueras. En el debate habrá que tomar en cuenta que la Constitución señala que el sistema procesal es un medio para la realización de la justicia, y que el debido proceso es una garantía fundamental. La ocasión es propicia para pedir que se tome en cuenta en el debate, un interesante estudio publicado recientemente por el Colegio de Abogados de Pichincha sobre el Recurso de Casación, en materia penal, de la autoría del directivo de ese gremio y catedrático universitario, Ramiro García Falconí, quien analizó -con mucha objetividad y conocimiento- varias sentencias dictadas por los anteriores y actuales jueces de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, desde la óptica de un profesor universitario y un abogado en libre ejercicio de su profesión. Bienvenida la invitación del editorial de que se aporte al debate desde la academia y el foro, desde la Fiscalía y la Judicatura; en fin.