El 12 de este mes se cumple un año del cierre de 14 universidades que fueron calificadas con la letra E. Esta clausura se hizo con miembros de la Policía y colocando sellos de clausura, como si fueran cantinas o casas de cita, según expresiones de un Rector de una universidad privada tipo A. Por esta dolorosa medida se afectaron a dos grandes grupos sociales de la clase media de nuestro país:
38 000 jóvenes de 18 a 24 años que estudiaban una carrera profesional e igual número de padres de familia que haciendo grandes esfuerzos económicos lograron que sus hijos ingresen al nivel universitario, porque las matrículas en los establecimientos oficiales son difíciles de conseguir. Y un tercer grupo: 3 000 docentes de tercero y cuarto niveles, algunos a tiempo completo, que dictaban clases en estos establecimientos, se quedaron sin este trabajo. Estos grupos humanos nada tenían que ver con las áreas administrativas y económicas de estas universidades, motivo de la intervención. Fueron 6 meses de angustia y zozobra, ya que recién para septiembre, por presión de los jóvenes, empiezan a organizarse los talleres para completar los estudios de los alumnos del último año de estudios. El Plan de Contingencia abarcó al 87% de los estudiantes. ¿Y el 13% restante? El juicio de la historia determinará si estas medidas impositivas fueron las correctas.