14 de marzo de 2020 00:00

El IESS y la seguridad social

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Pedro Isaac Barreiro Chancay

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Buena parte de los problemas que hoy enfrenta el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) tienen su origen en los cambios de nombre que a lo largo de su historia ha experimentado la inicial Caja de Pensiones, fundada en 1928, durante el gobierno del doctor Isidro Ayora Cueva. Siete años más tarde, en 1935, se expidió la Ley del Seguro Social Obligatorio y se creó el Instituto Nacional de Previsión. Posteriormente, en 1937 se crea la Caja del Seguro, y de la fusión de ésta con la Caja de Pensiones, nació, en 1963, la Caja Nacional del Seguro Social.

Con la creación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en julio de 1970, durante el último mandato del doctor José María Velasco Ibarra aparece el término “seguridad social”, de connotaciones mucho más amplias que las de un “seguro social” creado originalmente para proteger a los trabajadores frente a específicas contingencias y riesgos establecidos en la ley.

Es indispensable tener en cuenta esta reflexión pues la amplitud del concepto “seguridad social” genera responsabilidades universales en los ámbitos de salud, educación, vivienda, trabajo, envejecimiento, ambiente, urbanismo, recreación, nutrición, saneamiento, etc., es decir, ámbitos de protección y de responsabilidades mucho más amplios que las de un sistema de aseguramiento como el que le corresponde, por ley, al IESS, cuyas prestaciones se limitan a cubrir los riesgos exclusivamente de sus afiliados y derechohabientes en materia de salud, desempleo, envejecimiento, invalidez y orfandad. Por tanto, la “Seguridad Social Universal”, derecho irrenunciable de todas las personas según la Constitución, es responsabilidad y obligación ineludible del Estado, es decir del Gobierno Nacional, quien debe materializarla a través de las instituciones públicas.

Si bien es cierto que de acuerdo con la Ley, el órgano de gobierno del IESS es presidido por el representante de la Función Ejecutiva, eso no significa que los intereses y necesidades legítimas del Jefe de Estado tengan preeminencia sobre los intereses y necesidades de los afiliados, jubilados y derechohabientes en general. Tan cierto es esto que el artículo 372 de la misma Carta Política establece que “ninguna institución del Estado podrá intervenir o disponer de sus fondos y reservas ni menoscabar su patrimonio”.

Este 13 de marzo, en un ambiente de preocupantes epidemias, profundas incertidumbres económicas, y trascendentes procesos judiciales en contra de conocidos y altos ex funcionarios públicos, se cumplieron 82 años de existencia del Seguro Social Ecuatoriano. Defenderlo y engrandecerlo es tarea de todos.  

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