Cartas a Quito / 9 de agosto de 2026

¿Por qué un paciente en diálisis debe protestar para seguir viviendo?

Hay enfermedades que permiten esperar. La insuficiencia renal crónica no es una de ellas.

Quien depende de una terapia de reemplazo renal organiza su vida alrededor de un tratamiento que no admite pausas: tres sesiones de diálisis por semana, de aproximadamente cuatro horas cada una, semana tras semana, mes tras mes y año tras año. La máquina no cura la enfermedad; reemplaza una función que los riñones ya no pueden cumplir. Cuando una sesión se retrasa o se suspende, un problema administrativo se convierte en un riesgo para la vida.

Por eso, las imágenes de pacientes renales protestando frente al Palacio de Carondelet para exigir la continuidad de sus tratamientos no deberían interpretarse únicamente como una manifestación más. Deberían llevarnos a una pregunta mucho más profunda: ¿qué falla en un sistema de salud cuando un paciente debe protestar para acceder a un tratamiento del que depende su vida?

La pregunta adquiere otra dimensión cuando se observa la magnitud del problema. En Ecuador, cerca del 11 % de los adultos vive con enfermedad renal crónica, una enfermedad asociada principalmente a la diabetes y la hipertensión, y que constituye una de las principales causas de mortalidad prematura. Aunque muchas personas desconocen su condición hasta etapas avanzadas, cuando el daño renal puede ser irreversible, la evolución de esta enfermedad permite anticipar que cada vez más pacientes requerirán terapias de reemplazo renal como la diálisis.

La respuesta difícilmente se encuentra en un episodio aislado. La atención de la enfermedad renal crónica exige continuidad y planificación; no puede depender de soluciones de última hora. Cada paciente que inicia diálisis representa un compromiso permanente del sistema de salud.

A diferencia de otras necesidades asistenciales, la diálisis permite una planificación razonable. El sistema conoce cuántos pacientes reciben tratamiento y puede proyectar con anticipación los recursos necesarios. Precisamente por ello, su garantía no debería depender de la improvisación.

Cuando un sistema conoce cuántos pacientes requieren un tratamiento, cuánto cuesta sostenerlo y aun así su garantía depende de negociaciones de emergencia, el problema deja de ser únicamente financiero. Es, sobre todo, un problema de planificación sanitaria.

Planificar no consiste únicamente en asignar recursos. Significa anticipar necesidades, proyectar el crecimiento de la demanda y desarrollar progresivamente la capacidad del sistema público para responder a una enfermedad cuya evolución y tratamiento son ampliamente conocidos. Cuando esa previsión falla, las crisis dejan de ser excepcionales y se convierten en recurrentes.

La discusión no debería limitarse a resolver la emergencia. Debería centrarse en construir una política pública para la enfermedad renal crónica que fortalezca la capacidad de la red pública, garantice un financiamiento previsible y reduzca la dependencia de respuestas improvisadas.

La enfermedad renal crónica ya no puede entenderse como un problema aislado. El aumento de la diabetes, la hipertensión y el envejecimiento poblacional harán que cada vez más personas requieran terapias de reemplazo renal. Lo que hoy parece una crisis coyuntural terminará siendo un desafío permanente para el sistema de salud. Ignorar esa realidad no evita la crisis; solo la pospone.

Al final, la verdadera pregunta no es por qué los pacientes renales protestan, sino por qué todavía necesitan hacerlo. Un sistema de salud cumple su función cuando garantiza, sin interrupciones, los tratamientos de los que depende la vida de las personas. Los pacientes renales no deberían pedir permiso para seguir viviendo.

Ronald Jonathan Cañarte Siguencia