Cartas a Quito / 5 de septiembre de 2026

El desmantelamiento de la seguridad social: El remate del futuro previsional bajo el fango de la crisis

La República asiste a la consumación de un atraco histórico contra el patrimonio de los trabajadores. La reciente orden del presidente Daniel Noboa de forzar la venta de USD 2 000 millones en activos inmuebles del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) representa el clímax de una política fiscal desesperada que, camuflada bajo la narrativa de la “eficiencia administrativa”, dinamita las bases mismas del Estado de Bienestar. Al cruzar esta línea roja, el Ejecutivo no solo violenta la autonomía de la institución; firma el acta de desahucio para las futuras jubilaciones del país.

Desde el plano estrictamente constitucional, esta orden presidencial es una aberración jurídica. El artículo 370 de la Constitución de la República blinda la autonomía del IESS, determinando que no es una dependencia ni una caja chica del Gobierno de turno. Más categórico aún es el artículo 372 de la Carta Magna, que establece un candado de seguridad absoluta: “Los fondos y reservas de la seguridad social pública serán propios y distintos de los del Fisco… Ninguna institución del Estado podrá intervenir o disponer de sus fondos y reservas, ni menoscabar su patrimonio”. Los terrenos, macro lotes y edificios que hoy se pretenden liquidar a toda prisa no son propiedad del Estado ni del presidente; son reservas técnicas de propiedad exclusiva de los afiliados y jubilados, destinadas por ley a garantizar la sostenibilidad del sistema en el tiempo.

El panorama adquiere ribetes de tragedia humanitaria cuando se contrasta el desprecio por la legalidad con la realidad de los hospitales. Mientras el Gobierno ordena el remate de joyas inmobiliarias bajo el pretexto de inyectar liquidez, la seguridad social es incapaz de garantizar el derecho a la salud (artículo 32 constitucional). El desabastecimiento crónico de medicamentos esenciales y el estrangulamiento financiero a las clínicas dializadoras y centros oncológicos externos demuestran que el problema no es la falta de activos, sino un impago estructural. El Gobierno prefiere licuar el patrimonio del IESS antes que presupuestar y transferir los miles de millones de dólares que el Fisco le adeuda legalmente a la institución por su contribución obligatoria.

Este descalabro ético coincide con un escenario de impunidad rampante que destruye la confianza pública, reflejado de forma nítida en el Caso Apagón. El procesamiento por presunto peculado de altos funcionarios de la corporación eléctrica estatal por millonarios contratos de generación inoperativos demuestra un modus operandi donde los recursos públicos se dilapidan en la emergencia, mientras a los pacientes con enfermedades catastróficas se le niega el derecho a la vida por supuesta “falta de fondos”. Para desviar la atención de este fango de corrupción y justificar el desmantelamiento del IESS, el discurso oficial recurre a la confrontación, acusando de forma generalizada a los alcaldes y prefectos de oposición de ser los dueños de las dializadoras. Es la antesala de la campaña exprés de noviembre de 2026, donde el oficialismo busca anular el debate para tomarse el control de plazas electorales clave como el Distrito Metropolitano de Quito y Pichincha.

El impacto definitivo de este desmantelamiento recaerá con crueldad sobre las jubilaciones y los jubilados. Al desprenderse de un plumazo de USD 2.000 millones en activos reales —muchos de ellos subvalorados por catastros desactualizados— el Gobierno extirpa el soporte que sostiene los fondos de reserva de pensiones. Pan para hoy y hambre para mañana: la liquidez inmediata que obtenga la administración de Bernardo Cordovez servirá para maquillar el déficit del presupuesto fiscal en año electoral y financiar mega obras de infraestructura gubernamental como el Museo Nacional (MUNA), pero dejará al IESS sin el respaldo material indispensable para cubrir las pensiones de las próximas décadas. Los jubilados actuales verán amenazada la regularidad y el valor real de sus prestaciones frente a un Fisco quebrado; los aportantes actuales de la clase trabajadora, simplemente, aportarán toda su vida para financiar un fondo vacío que habrá sido rematado en los pasillos de Carondelet.

La Corte Constitucional tiene el deber histórico y urgente de frenar este atraco. Permitir que la voracidad fiscal del Gobierno disponga del ahorro previsional de los ecuatorianos sentaría un precedente nefasto, convirtiendo la seguridad social en un bien de libre disponibilidad para el gobernante de turno. Las jubilaciones no son una dádiva estatal; son un derecho fundamental irrenunciable, forjado con el sudor de generaciones, que la sociedad ecuatoriana está obligada a defender con toda la fuerza de la ley.

Carlos Eduardo Bustamante Salvador