Cartas a Quito / 3 de octubre de 2026

La infraestructura también es política ambiental

Cuando hablamos de política ambiental pensamos en conservación, biodiversidad, manglares, especies amenazadas o cambio climático. Mucho menos frecuente es asociarla con una ciclovía, electricidad, internet o una escuela. Y, sin embargo, en un territorio habitado como la isla Santay, conservar el humedal significa proteger su biodiversidad, pero también garantizar condiciones que permitan a su comunidad vivir dignamente y participar de esa conservación.

Santay ofrece ejemplos muy claros. El puente de acceso se encuentra en buenas condiciones, pese al impacto sufrido en octubre de 2025, pero el ingreso terrestre de turistas permanece cerrado desde hace más de 300 días. Una de las ciclovías prácticamente ha desaparecido y otra corre el riesgo de seguir el mismo camino; si todavía existe, es en buena medida porque constituye el único acceso terrestre para la población de la isla. También está la cocodrilera, concebida como espacio de conservación, educación ambiental y visita turística, hoy muy descuidada y sin visitantes. Su deterioro significa perder una oportunidad para educar, generar conocimiento y fortalecer un turismo comunitario que, precisamente, lleva meses sin poder recibir visitantes por vía terrestre.

Pero quizá el ejemplo más difícil de explicar sea el de la escuela de Santay, que no cuenta con electricidad ni internet. En pleno siglo XXI, estas carencias no son detalles secundarios: limitan el aprendizaje, la comunicación, el acceso a herramientas educativas y las oportunidades de niños y docentes. Se protege el territorio, pero no siempre se garantizan las condiciones mínimas para quienes lo habitan, y esa contradicción también debería formar parte del debate ambiental.

Proteger un área natural no puede consistir únicamente en determinar qué no puede hacerse dentro de ella. Las restricciones son necesarias, pero también debemos preguntarnos qué necesita un territorio para mantenerse vivo. En Santay habita una comunidad que forma parte de la historia de la isla. Sus pobladores no son un elemento externo al humedal, sino parte del territorio y de cualquier proyecto serio sobre su futuro. Mantener los accesos, recuperar adecuadamente la cocodrilera y garantizar electricidad e internet en la escuela puede mejorar la educación, facilitar la conservación y permitir actividades económicas compatibles con la protección del humedal.

Porque también existe un impacto producido por el abandono. Una ciclovía que desaparece, una cocodrilera que se deteriora, una escuela sin electricidad ni internet y más de 300 días sin ingreso terrestre de turistas tienen consecuencias que van mucho más allá de una obra o un servicio. Afectan la educación, el turismo, la economía comunitaria y la relación de la población con el área protegida. No hacer nada también transforma el territorio.

Santay necesita una política ambiental capaz de mirar el territorio completo: naturaleza, comunidad, servicios, accesos y mantenimiento. Conservar un humedal habitado no significa solamente cuidar el ecosistema, sino también hacer posible la vida de quienes forman parte de él.

José Delgado Mendoza, Gestor Cultural y Ambiental y Director del Observatorio de Santay