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En Santay, hablar de acceso no es hablar únicamente de un puente, un muelle o una embarcación. Es hablar de la posibilidad de estudiar, trabajar, recibir visitantes, movilizarse con seguridad, mantener actividades económicas y conservar una relación efectiva con Guayaquil. Cuando esa conexión falla durante meses, no se deteriora solamente una infraestructura: comienza a condicionarse el futuro de todo un territorio.
El prolongado cierre del acceso turístico ha demostrado hasta qué punto la isla depende de una conectividad segura y permanente. La reducción de visitantes afecta directamente a las familias vinculadas al turismo, la gastronomía, los servicios y las actividades comunitarias. También limita proyectos educativos, culturales y ambientales que necesitan mantener un contacto constante entre Santay y la ciudad.
Pero existe además otra consecuencia, más difícil de medir y quizás igualmente grave: la sensación de que Santay empieza a desaparecer de la vida cotidiana de Guayaquil. Cuando un lugar permanece cerrado durante meses, deja de visitarse, deja de mencionarse y poco a poco puede instalarse la idea de que ya no está, de que se acabó, de que quizás nunca volverá a ser accesible como antes. Esa percepción de abandono y olvido también deteriora un territorio.
Y no es justo.
No es justo para una comunidad que sigue viviendo allí todos los días. No es justo para quienes han construido durante años actividades relacionadas con el turismo, la educación ambiental y la conservación. Tampoco lo es para una ciudad que tiene, a pocos minutos de su centro urbano, un humedal de enorme valor ambiental, cultural y humano.
El problema no debe reducirse al turismo. Para quienes viven en la isla, entrar y salir forma parte de la vida cotidiana. El acceso condiciona oportunidades de estudio, trabajo, abastecimiento, atención de necesidades familiares y participación en actividades fuera de la comunidad. Cuando la movilidad se vuelve difícil, costosa o incierta, la insularidad deja de ser únicamente una característica geográfica y comienza a convertirse en una desventaja.
Por eso, reparar una infraestructura dañada no debería entenderse como una intervención aislada. El acceso a Santay necesita pensarse como parte de una política de largo plazo que contemple mantenimiento, seguridad, alternativas de movilidad y responsabilidades institucionales claramente definidas. No basta con reaccionar cada vez que ocurre una emergencia; es necesario garantizar que la conexión pueda sostenerse en el tiempo.
También existe una contradicción evidente: se reconoce a Santay por su enorme valor ambiental, se promueve su conservación y se habla de turismo sostenible, educación ambiental y desarrollo comunitario, pero nada de eso puede consolidarse si el territorio permanece expuesto a largos periodos de aislamiento.
Desde la propia comunidad y desde iniciativas de la sociedad civil se continúa trabajando para mantener actividades, cuidar espacios, desarrollar proyectos y evitar que el cierre paralice completamente a la isla. Pero ese esfuerzo tiene límites. La población no puede asumir indefinidamente el costo social, económico y también simbólico de una conectividad insuficiente.
Santay necesita que el acceso deje de verse únicamente como una obra de infraestructura y sea entendido como lo que realmente es: una condición fundamental para su desarrollo sostenible y para mantener viva su relación con Guayaquil.
Porque el futuro de la isla no dependerá solamente de cuánto logremos proteger su naturaleza. Dependerá también de que quienes la habitan puedan entrar, salir, estudiar, trabajar, recibir visitantes y relacionarse con la ciudad en condiciones dignas, seguras y permanentes.
Santay no se acabó. Santay no puede convertirse en un lugar olvidado.
Sigue allí, sigue habitada y sigue esperando que volvamos a mirarla como parte de nuestro presente y de nuestro futuro.
José Delgado Mendoza, Gestor Cultural y Ambiental y Director del Observatorio de Santay