
La erosión regresiva del Río Coca se ha convertido en una de las preocupaciones más graves para las poblaciones amazónicas del Ecuador. Desde el colapso de la histórica Cascada de San Rafael, fenómeno ocurrido en el año 2020, la dinámica del río cambió drásticamente y sus consecuencias se sienten con fuerza desde el 2021 en las provincias de Napo, Sucumbíos y Orellana.
A lo largo de estos años, el avance de la erosión ha provocado pérdidas significativas en fincas productivas, cultivos, caminos rurales y viviendas familiares. En muchas comunidades, el paisaje ha cambiado de manera dramática: terrenos que antes eran fértiles hoy se desploman hacia elcauce del río, mientras la incertidumbre crece entre quienes dependen de la tierra para sostener a sus familias.
Los testimonios de los habitantes reflejan una realidad preocupante. Agricultores que durante décadas trabajaron sus parcelas observan cómo el río avanza lentamente, llevándose consigo árboles, cercas, sembríos y parte de su historia. Cada invierno intensifica el temor de que nuevas áreas desaparezcan, afectando no solo la economía familiar, sino también la estabilidad social de estas comunidades amazónicas.
Los gobiernos autónomos descentralizados municipales y provinciales han intentado responder dentro de sus posibilidades. Han impulsado gestiones, evaluaciones técnicas y algunas acciones de mitigación. Sin embargo, es evidente que la magnitud de este fenómeno natural exige una intervención más amplia y sostenida.
Desde esta tribuna del pensamiento y la justicia, es necesario reflexionar sobre la responsabilidad del Estado frente a las poblaciones afectadas. La erosión del río Coca no puede ser considerada un problema aislado ni local. Se trata de un desafío nacional que requiere planificación, inversión en obras de protección, monitoreo permanente y políticas públicas orientadas a proteger tanto a las personas como a la producción agrícola de la región.
La Amazonía ecuatoriana merece respuestas oportunas y soluciones estructurales. Escuchar el clamor de sus habitantes y actuar con decisión no solo es un deber gubernamental, sino también un compromiso con el futuro del país. Allí, donde la naturaleza muestra su fuerza, también debe hacerse presente la responsabilidad del Estado y la solidaridad nacional.
Elio Roberto Ortega Icaza