Cartas a Quito / 20 de octubre de 2026

El fraude energético y la responsabilidad penal y patrimonial del Estado

El colapso del sistema eléctrico en el Ecuador no es un desastre natural ni una conspiración ideológica: es un crimen de gestión pública. Intentar diluir la compra de chatarra termoeléctrica bajo la retórica gubernamental de “los odiadores” o justificar el racionamiento forzado a las industrias como un acto de gobernabilidad es una afrenta directa al ordenamiento jurídico. En el estricto derecho constitucional y administrativo, estamos frente a una configuración flagrante de responsabilidad penal y patrimonial directa de la administración de Daniel Noboa, cuyos actos han quebrado el principio de seguridad jurídica y asfixiado el aparato productivo del país.

El análisis legal objetivo no permite matices ni ambigüedades. Las responsabilidades están tipificadas y las vías de demanda patrimonial contra el Estado están plenamente habilitadas bajo los siguientes pilares de fuerza legal:

1. La Responsabilidad Patrimonial Objetiva del Estado (Art. 11.9)

El artículo 11, numeral 9, en concordancia con el artículo 53 de la Constitución de la República establece un principio dogmático irreversible: “El Estado será responsable civilmente por los daños y perjuicios causados a las personas particulares por la negligencia o deficiente prestación de los servicios públicos”.

• La energía eléctrica es un servicio público estratégico (Art. 314) cuya continuidad es obligación ineludible del Ejecutivo.
• Las cámaras de la producción, industrias y comerciantes no deben rogar por soluciones; tienen la facultad legal de interponer de manera masiva Acciones Subjetivas o de Plena Jurisdicción ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
• Al existir informes oficiales de la Contraloría que cifran el perjuicio en más de 140 millones de dólares por contratos fallidos (como Progen y ATM), se configura la prueba plena de la falta de servicio. El Estado está obligado por ley a indemnizar el daño emergente y el lucro cesante de cada fábrica y negocio paralizado por decisiones arbitrarias.

2. Desviación de Poder y Arbitrariedad en el Consumo Industrial

Exigir de manera autoritaria y unilateral la suspensión del consumo eléctrico por 72 horas al sector empresarial, bajo amenazas del uso de la fuerza pública, constituye una desviación de poder y una flagrante violación al artículo 82 de la Constitución (Seguridad Jurídica).

• El régimen jurídico no faculta al Secretario de la Administración Pública ni al Presidente a confiscar indirectamente la capacidad productiva de los privados sin un Estado de Excepción dictaminado por la Corte Constitucional que justifique la proporcionalidad y la compensación económica de la medida.
• Toda disposición verbal o memorando que carezca de motivación técnica es nulo, e impone responsabilidad civil y administrativa personal sobre los funcionarios que firmaron dichas órdenes.

3. Delincuencia Institucionalizada y el Fraude Eléctrico

Las acciones de la Contraloría y de la Fiscalía General del Estado no admiten dobles lecturas políticas en un editorial técnico. El Informe con Indicios de Responsabilidad Penal (IRP) emitido por el organismo de control penaliza actos que encajan estrictamente en el delito de peculado (Art. 278 del COIP).

• Adquirir a sabiendas generadores viejos, incompatibles e inservibles que hoy operan como chatarra no es un error de cálculo; es un desvío deliberado de fondos públicos en beneficio de contratistas particulares.
• Que la Asamblea Nacional utilice su mayoría oficialista de ADN para bloquear juicios políticos contra las autoridades del sector solo demuestra la cooptación de la función fiscalizadora, pero no extingue la acción penal. Los delitos contra la administración pública son imprescriptibles, y el archivo legislativo de un juicio no vincula ni frena las investigaciones penales ordinarias que la Fiscalía está obligada a judicializar sin dilaciones ni dictámenes abstentivos selectivos.

El Ecuador no enfrenta un bache eléctrico; enfrenta un fraude institucionalizado. Los ciudadanos y los gremios productivos tienen el deber cívico y el derecho legal de activar las demandas de repetición y de reparación integral contra el Estado. Cuando un gobierno prefiere apagar el país antes que transparentar sus contratos y someterse al imperio de la Constitución, la única respuesta institucional válida y contundente es activar las demandas de indemnización hasta que los gobernantes respondan con su propio patrimonio por la ruina económica impuesta a la nación.

Carlos Eduardo Bustamante Salvador