Cartas a Quito / 19 de agosto de 2026

La opulencia del cemento frente al abandono de la vida

Ecuador asiste al desmantelamiento progresivo de sus certezas bajo el membrete de un “Nuevo Ecuador”. En la práctica, esto se traduce en un preocupante ejercicio de indolencia estatal. El modelo actual prioriza la supervivencia política, el cálculo electoral y la opacidad inmobiliaria por encima de la vida y el bienestar ciudadano.

El eje más lacerante es la inseguridad. Mientras el discurso oficial se atrinchera en la militarización permanente, las calles sangran bajo el yugo de un crimen organizado sin freno. Las Unidades de Policía Comunitaria (UPC) lucen abandonadas y cerradas con candados. La indignante premisa oficial dicta que proteger las estructuras arriesga a los uniformados. La ciudadanía queda así desamparada por un Estado que renunció a la prevención y desnaturalizó la misión de sus Fuerzas Armadas.

Esta indolencia se extiende con igual crueldad a los hospitales y las aulas. El sistema de salud pública agoniza entre el desabastecimiento crónico de medicamentos esenciales. En paralelo, la educación sufre un deterioro sistemático y una alarmante deserción escolar. La respuesta gubernamental carece de empatía y se administra con una supuesta “austeridad”.

Sin embargo, la narrativa de la escasez económica se desmorona por completo ante las prioridades del Ejecutivo. El Gobierno sí encuentra fondos públicos inmediatos para financiar proyectos suntuarios, como el nuevo Museo Nacional y un millonario complejo de edificios. Estas obras se ejecutan bajo un manto de opacidad. Hasta hoy, no se transparenta a qué consorcios ni a qué beneficiarios finales pertenecen realmente esos contratos de infraestructura.

A este sombrío panorama se suma un alarmante deterioro ético. La crisis energética sacó a la luz el “Caso Apagón”, un escándalo por la compra de generadores obsoletos con un perjuicio de 140 millones de dólares. Lejos de rectificar, el poder responde con una peligrosa concentración de control. Esto ha llevado a calificar al régimen de “criptodictadura”, una fachada democrática que utiliza ministerios y tribunales para inhabilitar a adversarios políticos incómodos ante el adelantado proceso electoral.

Ecuador acude a las urnas sumido en una paradoja perversa. Se pide el voto en un escenario donde las reglas se acomodan al arbitrio del poder, los fondos se desvían a complejos de ladrillo sin transparencia y las prioridades de la gente siguen archivadas.

Gobernar no es ensayar ironías en redes sociales ni construir museos mientras las escuelas se caen a pedazos, los pacientes de diálisis son abandonados a su suerte, la salud en soletas; gobernar es proteger. Mientras el Ejecutivo mire hacia otro lado ante el dolor diario de las familias, el “Nuevo Ecuador” no será más que un eslogan vacío impreso sobre las ruinas de un Estado indolente.

Carlos Eduardo Bustamante Salvador