Cartas a Quito / 16 de noviembre de 2026

Estas son las cartas a Quito de este lunes 16 de noviembre de 2026

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El voto consciente: contra la demagogia y el desconocimiento de nuestra realidad

Este jueves 12 de noviembre inicia formalmente la campaña electoral rumbo a los comicios del próximo 29 de noviembre de 2026. Durante quince días, el país —y de manera particular el Distrito Metropolitano de Quito y la provincia de Pichincha— asistirá a una intensa disputa por las alcaldías, prefecturas, juntas parroquiales y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Sin embargo, para el ciudadano que vive a diario el deterioro de los servicios públicos, la contienda comenzó hace meses en las redes sociales, dejando al descubierto una falla estructural de nuestra clase política: un profundo desconocimiento de las realidades territoriales combinado con una irresponsable fábrica de ofrecimientos absurdos.

En un Estado constitucional de derechos y justicia, gobernar una ciudad tan compleja como Quito o una provincia tan diversa como Pichincha exige rigor técnico, presencia territorial y honestidad intelectual. No obstante, el discurso de gran parte de los aspirantes parece diseñado desde escritorios refrigerados o agencias de marketing, completamente divorciados de las necesidades concretas de cada sector. Se habla de soluciones mágicas y homogéneas sin distinguir las urgencias de las parroquias rurales del noroccidente, los valles en acelerada expansión urbanística, los barrios del sur con déficit histórico de infraestructura o el centro histórico asfixiado por el abandono. Quienes ayer ocuparon curules en el Concejo Metropolitano, despachos ministeriales o cargos directivos hoy recorren las calles con rostro de asombro, pretendiendo hacer creer al electorado que recién descubren la inseguridad, el caos del transporte público, la falta de agua en zonas altas o el desempleo juvenil que ellos mismos ayudaron a gestionar o dejaron sin resolver.

Más grave aún es que este desconocimiento territorial se disfraza con demagogia competencial. El artículo 226 de la Constitución de la República establece un principio inquebrantable del derecho público: las autoridades solo pueden ejercer las competencias y facultades que les atribuyen expresamente la Carta Magna y la ley. Cuando un candidato a alcalde o prefecto promete erradicar por sí solo el crimen organizado, asumir funciones exclusivas de la Policía Nacional o generar cientos de miles de empleos formales mediante decretos locales, no solo ignora el reparto constitucional de competencias (artículos 261, 263 y 264) y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). En realidad, está ejecutando un fraude al elector.

Esa práctica desnaturaliza por completo el plan de trabajo obligatorio exigido por el artículo 97 del Código de la Democracia. En nuestro diseño constitucional, dicho plan no es un folleto publicitario, sino un contrato jurídico vinculante cuyo incumplimiento habilita la revocatoria del mandato (artículo 105 de la Constitución). Al llenar sus propuestas con ofertas jurídicamente imposibles o financiadas con recursos inexistentes, los candidatos neutralizan de antemano el derecho ciudadano a exigirles cuentas, convirtiendo la planificación territorial en un espectáculo de promesas vacías.

A esta distorsión se suma la tensión entre la legalidad formal y la ética republicana. La reciente licencia solicitada por el Presidente de la República ante la Asamblea Nacional, aunque amparada en el artículo 146 de la Constitución y el artículo 42 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, reabre un debate ineludible sobre la separación entre el Estado y el partido. Si bien pedir licencia evita el uso directo de bienes públicos en campaña, convertir la primera magistratura en plataforma de proselitismo local nacionaliza una elección que debería centrarse exclusivamente en las urgencias de nuestros barrios y parroquias. De igual modo, resulta imperativo recordar que el CPCCS no es un botín partidista ni una entidad ejecutora de obras: su mandato constitucional se limita a designar autoridades de control y fomentar la transparencia bajo estricta neutralidad política.

Frente a las asimetrías de una precampaña digital poco controlada, la opacidad de los financiamientos privados y las candidaturas improvisadas, la integridad de nuestra democracia descansa en dos pilares: el escrutinio público ciudadano en las Juntas Receptoras del Voto y la madurez crítica del elector. Ningún sistema electoral es infalible por sí mismo, pero la voluntad popular expresada en las urnas sigue siendo el único mandato vinculante e inamovible cuando se respalda con vigilancia activa.

El próximo 29 de noviembre no elegiremos salvadores ni operadores de coyuntura. Elegiremos administradores de nuestros recursos públicos y garantes de la institucionalidad local. La pregunta que cada habitante de Quito y Pichincha debe hacerse frente a la papeleta no es qué candidato promete lo imposible, sino quién conoce verdaderamente el territorio que pretende gobernar, respeta los límites de la Constitución y demuestra solvencia técnica para resolver los problemas reales de nuestra gente. Porque en democracia, el voto informado es el único antídoto contra la demagogia y la mejor defensa de la dignidad de nuestra ciudad y provincia.

Carlos Eduardo Bustamante Salvador