Cartas a Quito / 14 de octubre de 2026

¿A dónde van los muertos de Santay?

Una antigua historia cuenta que ciertos pueblos conquistadores, después de someter a una población, obligaban a sus habitantes a abandonar su tierra y marchar con ellos. Antes de partir, destruían los cementerios de los pueblos vencidos. No lo hacían únicamente como un acto de devastación, sino para impedir que los desterrados conservaran una razón poderosa para regresar.

Sabían que las viviendas podían reconstruirse y los campos volver a cultivarse, pero también que los muertos mantenían a los vivos unidos a la tierra donde descansaban. Al destruir sus tumbas, buscaban privarlos del motivo más profundo para volver: el deseo de permanecer cerca de sus muertos.

En la isla Santay sucede algo diferente, aunque el resultado deja una herida parecida. Allí nadie destruye los cementerios, porque la comunidad nunca ha tenido uno.

Cada vez que fallece un habitante de Santay, su familia debe sacar el cuerpo de la isla para enterrarlo en Guayaquil, Durán o en algún otro lugar. El fallecido cruza el río por última vez y ya no regresa a la tierra donde nació, vivió, formó su hogar y construyó sus afectos.

La comunidad no pierde solamente a una persona. Pierde también el lugar donde recordarla, visitarla, llevarle flores y enseñarles a las nuevas generaciones quién fue. Poco a poco, la memoria de Santay se va quedando fuera de la isla, dispersa entre cementerios ajenos y distantes.

La muerte de Adrián Parrales —poblador, esposo, padre, soldador y colaborador permanente de su comunidad— volvió inevitable esta pregunta: ¿por qué quienes han vivido y trabajado toda su vida en Santay no pueden descansar finalmente en su propia isla?

Y mientras la comunidad todavía afrontaba esa pérdida, llegó el fallecimiento repentino de Jacinta, madre abnegada y parte de la vida cotidiana de Santay. Una nueva familia tuvo que despedir a uno de los suyos sabiendo que, también esta vez, su última morada estaría fuera de la isla. Adrián y Jacinta son dos historias distintas, pero sus ausencias recuerdan una misma realidad: cuando un habitante de Santay muere, no solamente deja a su comunidad; también debe abandonar para siempre su territorio.

No existe una disposición que reconozca, de manera literal y absoluta, el derecho de cada comunidad a contar con su propio cementerio. Sin embargo, la Constitución ecuatoriana protege la dignidad, la identidad cultural, la memoria, la intimidad familiar y la libertad de practicar individual o colectivamente las propias creencias. Estos derechos también se expresan en la manera en que una comunidad despide, sepulta y recuerda a sus muertos.

La legislación sanitaria permite el establecimiento de cementerios públicos o privados cuando cumplen las correspondientes condiciones técnicas, ambientales y de salud. Asimismo, que Santay sea un área protegida no debería significar que las necesidades humanas de su población desaparezcan. La normativa ambiental permite evaluar obras destinadas a atender las necesidades de comunidades asentadas previamente, siempre que sean compatibles con el plan de manejo, la zonificación y la conservación del ecosistema.

No se propone improvisar un lugar de enterramiento ni afectar el humedal. Se solicita que el Municipio de Durán, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Salud y la propia comunidad estudien conjuntamente una solución viable: un pequeño camposanto comunitario, posiblemente construido con nichos elevados, ubicado en una zona ya intervenida y diseñado con todas las garantías sanitarias y ambientales.

Este espacio debería contar también con un osario comunitario. La propia normativa sanitaria establece que todo cementerio debe disponer de uno. Allí podrían conservarse dignamente, de manera individualizada e identificada, los restos de antiguos habitantes de Santay que actualmente se encuentran sepultados en cementerios de Guayaquil o Durán y cuyas familias deseen trasladarlos a la isla.

Cada retorno deberá realizarse con el consentimiento de los familiares y respetando los procedimientos legales de exhumación, transporte y depósito de los restos. De esta manera, el proyecto no serviría únicamente para quienes fallezcan en el futuro. También permitiría recuperar una parte de la memoria que Santay ha ido dejando fuera de su territorio.

Los muertos de la isla podrían volver a la comunidad a la que pertenecieron. Sus familias tendrían un lugar cercano para recordarlos y las nuevas generaciones podrían reconocer allí los nombres y las historias de quienes construyeron Santay antes que ellas.

Santay no pide sacrificar el humedal. Pide que su protección ambiental pueda convivir con la dignidad, la memoria y las necesidades humanas de la comunidad que lo habita. Pide un lugar donde sus pobladores puedan permanecer junto a los suyos y donde aquellos que fueron enterrados lejos encuentren, finalmente, un camino de regreso.

¿A dónde van los muertos de Santay? Hoy salen de la isla para no volver. Lo justo sería que algún día pudieran quedarse y que quienes ya partieron también pudieran regresar.

José Delgado Mendoza, Gestor Cultural y Ambiental, Director del Observatorio de Santay