Cartas a Quito / 13 de septiembre de 2026

Un mes después: la vulnerabilidad que el terremoto de Colombia dejó al descubierto

Ha pasado un mes desde el terremoto que sacudió el Pacífico colombiano. Pero para miles de personas en Buenaventura, Quibdó, Alto y Medio Baudó, la crisis está lejos de terminar.

María Cristina Guevara llevaba más de 40 años construyendo su casa en Quibdó. No solo 40 años habitándola, sino 40 años levantándola poco a poco, con lo que lograba ahorrar de su trabajo en el campo. Este año había comprado materiales para reforzarla, con una indemnización que recibió por el asesinato de un hermano (el segundo que le ha quitado el conflicto en Colombia). Pero entonces la tierra tembló. “Vi todo caer en segundos”, nos dijo.

Su historia no es una excepción. Durante las semanas posteriores al terremoto recorrimos una docena de municipios de Valle del Cauca, Chocó y Risaralda, y decidimos concentrar nuestra respuesta en Buenaventura, Quibdó, Alto y Medio Baudó. Lo que encontramos confirma una realidad incómoda: el terremoto no creó la vulnerabilidad del Pacífico colombiano. La expuso y la profundizó.

Hoy la mayor necesidad derivada del terremoto, expresada por nuestros pacientes, es el apoyo a la reconstrucción y al fortalecimiento de las viviendas. En los barrios que visitamos en Buenaventura y Quibdó, ciudades que triplican y cuadruplican el indicador de pobreza multidimensional del resto del país, vimos casas cuyas fachadas permanecen en pie, pero que por dentro quedaron gravemente afectadas. Grietas por donde entra el agua, techos sostenidos por estructuras improvisadas y familias que siguen habitando espacios inseguros porque no tienen otro lugar adónde ir.

“Aquí muchos duermen con la puerta abierta por el miedo de que vuelva a temblar y la casa se les venga encima”, nos dijo Teresa Hurtado, líder comunitaria del barrio La Carmelita, en Buenaventura.

La situación es aún más difícil en las zonas rurales a las que solo se puede acceder por río. En comunidades del Misará (Medio Baudó), hubo inundaciones apenas dos días después del terremoto. En la comunidad de La Unión, Aurelio Luviaza, indígena embera, nos contó que el sismo destruyó su vivienda y que las lluvias posteriores arrasaron también con su cultivo de plátano. En pocos días perdió el techo y una de sus principales fuentes de sustento.

Sin embargo, muchas de las afectaciones que atendemos son, en realidad, la agudización de situaciones previas ya críticas. En gran parte del Pacífico colombiano, el terremoto sacudió territorios que ya enfrentaban enormes desafíos: conflicto armado, pobreza, barreras de acceso a servicios básicos, incluida salud.

Hemos sido testigos de que para muchas personas acceder a servicios de salud continúa siendo una carrera de obstáculos. Además de las largas distancias entre comunidades rurales y los centros de salud, incluso en emergencias suelen ver condicionada la atención y entrega de medicamentos a su estado de afiliación, o deben esperar un aplazamiento tras otro cuando el personal de salud no recibe pago oportuno. En el caso de comunidades indígenas, estas barreras se suman con frecuencia a la ausencia de mediación intercultural que facilite la comunicación con el personal sanitario.

Esto hizo que, por ejemplo, encontráramos pacientes con diabetes e hipertensión que llevaban semanas sin darle continuidad a sus tratamientos.

La salud mental no está mucho mejor. En nuestras consultas vemos un alto grado de hipervigilancia, ansiedad y estrés postraumático e identificamos 21 personas que requirieron remisión psiquiátrica urgente. Muchos perdieron no solo sus viviendas, sino también la sensación de estabilidad, en medio de las dificultades, que les permitía afrontar la vida cotidiana. Sin acceso oportuno a atención especializada y a tratamientos continuos, estas afectaciones pueden prolongarse durante meses o años.

El personal sanitario y los brigadistas locales también necesitan apoyo. En estas regiones, el único contacto recurrente con la atención sanitaria son los Equipos Básicos de Salud, pero al inicio de la emergencia se encontraban sin pago y sin insumos para atender.  Garantizar su continuidad y cuidado es una condición indispensable para que la atención llegue a quienes la necesitan.

En medio de este panorama, hay algo que merece ser reconocido. En las comunidades más afectadas predominó la solidaridad. Líderes comunitarios, vecinos, organizaciones sociales, instituciones y ciudadanos movilizaron alimentos, ollas comunitarias, ropa y ayudas básicas con una rapidez admirable. Principalmente en las zonas urbanas, muchas familias nos dijeron que no pasaron un solo día sin comer gracias al apoyo recibido de otras personas. Aunque en las zonas rurales no fue igual de efectiva.

María Cristina sigue sin recuperar la casa que construyó durante cuatro décadas. Como ella, miles de personas del Pacífico siguen esperando mucho más que ayuda de emergencia. Necesitan reconstruir sus hogares, acceder a servicios de salud sin barreras, contar con equipos de salud fortalecidos y vivir en condiciones dignas.

Siham Hajaj, jefa de misión en Colombia de Médicos Sin Fronteras

La justicia es en exceso lenta

Los Austrias y los Borbones, desde 1542, son los responsables del desarrollo del Imperio español.Fueron 316 años, contados desde el Descubrimiento, que transcurrieron y obtuvieron para España el rol de gran potencia.

Aparte de la geopolítica allí estaba esbozado el mayor vicio que afecta a toda sociedad: la corrupción. Para contrarrestarla se ideó una institución jurídica de gran alcance: el juicio de residencia.

Este recurso jurídico sobrevive en un organismo encargado de vigilar el gasto público e intenta controlar el uso de los recursos económicos.

En la teoría todo empleado de la Corona -antecedente del servicio público- al cesar en su trabajo era enjuiciado para que demuestre si se enriqueció ilícitamente o no.

Si hubo malversación era castigado, desposeído y ejecutado. Si no se lo absolvía y era ratificado en la dignidad y el honor.

Hay dos ejemplos en el medio ecuatoriano.

En el primero el adelantado Juan de Salinas fue perseguido y desposeído;  reclamó directamente al rey Felipe II, lo convenció y fue reintegrado  para el papel histórico que se le había asignado.

El segundo fue el decreto de dolarización de 20 de enero de 2000, en el cual el presidente Jamil Mahuad ordenó que el dólar sea la base legal de la economía nacional.  

La lentitud de la justicia consiste en que el adelantado Juan de Salinas tuvo que invertir alrededor de veinte años de su vida para defenderse y lograr que se le reconozca su valor como conquistador. Quedó muy afectado por la disminución de su fortuna, pero al último tuvo la satisfacción de ser visto como hombre honorable y honrado.

En nuestra época son ya veinticinco años que Mahuad se defiende y todavía nadie se lo reconoce. Al principio la dolarización fue considerada una iniciativa ilegal por la cual se inició su procesamiento. Luego se apeló a la Contraloría que disponía que haya un examen de presunción de malversación para iniciarse el proceso penal  por peculado.

El último resultado es que la Corte Constitucional le negó su reclamo. Y Mahuad alista sus argumentos para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos conozca su asunto.

El caso de Mahuad indica un síntoma de curiosa aplicación de la ley. Al suspenderse el reclamo por el decreto de dolarización se ha confirmado que el dólar sigue exitoso. Pero al ratificarse la acusación de peculado, todavía no se concreta en qué consiste el ‘robo’ de los caudales de la Corona -Estado ecuatoriano-.

Mientras sucede, en el tiempo se conectan Salinas y Mahuad;  Salinas recuerda que posiblemente Mahuad deba ser absuelto para que recupere su honor y honradez.

Estos dos ejemplos son una indicación de cómo la justicia funciona.

El juicio de residencia demoraba tanto que el acusado moría y sus herederos debían responder las acusaciones. Para Mahuad se debe llegar al extremo de que la CIDH resuelva cómo deben darse las cosas, aunque  cada estado miembro las conoce pero las ignora conscientemente.

Francisco Bayancela González