Cartas a Quito / 13 de julio de 2026

La democracia secuestrada por el cálculo y la impunidad

La realidad política del Ecuador actual no admite matices ni discursos tibios. Nos encontramos ante una crisis institucional profunda donde las reglas del juego democrático no se diseñan para garantizar el bienestar ciudadano, sino para asegurar la supervivencia y el reparto de poder de las cúpulas partidistas de turno. La reciente decisión de alterar el calendario electoral y adelantar los comicios seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) bajo la narrativa de la contingencia climática, no es más que el enésimo reflejo de un sistema que instrumentaliza las necesidades y temores del país para fines estrictamente particulares.

Este escenario de inestabilidad constante, donde la ciudadanía es convocada a las urnas de forma casi compulsiva, destruye cualquier posibilidad de planificación estatal a largo plazo. Las políticas públicas esenciales en áreas críticas como la seguridad urbana, la salud y la educación quedan relegadas a un segundo plano, supeditadas siempre al cálculo electoral inmediato. El andamiaje constitucional heredado del modelo de 2008, lejos de democratizar el poder, construyó un aparato burocrático hipertrofiado y lleno de candados institucionales. Organismos creados bajo la promesa de la participación ciudadana terminaron convertidos en el botín político más codiciado, funcionando como herramientas eficaces para capturar los órganos de control y garantizar el blindaje judicial de quienes defraudan al Estado.

Ante esta realidad, la resignación o el ausentismo no son opciones viables para una sociedad que aspira a recuperar su dignidad. La respuesta ciudadana debe pasar por una profunda madurez democrática que rompa el ciclo de la demagogia. El voto tiene que dejar de ser un acto de simpatía superficial o una reacción visceral de último momento; debe transformarse en una herramienta rigurosa de depuración política. Corresponde a la ciudadanía organizada fiscalizar con severidad a quienes pretenden acceder a dignidades locales y de control, rechazando las candidaturas impuestas por maquinarias partidistas que ven en el erario público una agencia de empleo o una fuente de enriquecimiento ilícito.

Recuperar el honor en el servicio público y desmantelar los mecanismos que facilitan la corrupción exige una postura firme y sostenida. Los ciudadanos tienen el deber y el derecho de exigir rendiciones de cuentas reales, planes de gestión auditables y la eliminación de privilegios innecesarios en la alta burocracia. Solo mediante una fiscalización comunitaria implacable y una participación activa que desafíe las trampas del diseño

institucional actual, el Ecuador podrá transitar desde una democracia puramente electoral y de mantenimiento hacia un verdadero Estado de derecho y justicia.

Carlos Eduardo Bustamante Salvador