No a la licencia ambiental para minera en Loma Larga
Ecuador debe prohibir la explotación minera -sin dudarlo en páramos, que son nuestras esponjas de agua- como lo hiciera Colombia, a través de un dictamen de la Corte Constitucional. El ejemplo del proceso seguido por la minera interesada en obtener la licencia para poder emprender la explotación en Loma Larga, que ha sido observado con claridad y firmeza por ETAPA, debe llevar a concienciar a Ecuador, no solo en esta etapa crítica que precisamos del recurso vital, sino a futuro por la estabilidad hidrológica del país y de nuestros ecosistemas en general, por la afectación del agua para consumo humano por los ‘índices de nitrato’, etc., pero además por las toneladas de materiales de desechos, con metales pesados y arsénico que no tienen un fin seguro. Ecuador puede salvarse si el Ministerio de Ambiente y Agua, conducido por la ministra Manzano, que dirige provisionalmente también el Ministerio de Energía y Minas, acata la recomendación y detiene este proyecto. Bien por este valiente informe del municipio de Cuenca, que ha sido con excelente comunicación debidamente transparentada (R. Aguilar, 2024), que promoverá se eleve ante la Corte Constitucional la demanda para sentar un precedente y salvar a nuestro país de una explotación salvaje que podría, en efecto, conducirnos ‘al suicidio’ por falta de agua y más daños ambientales, sociales y afectaciones a la salud. La Asamblea debe evaluar el catastro minero que impulsa el actual gobierno, que debería ayudar a parar la explotación minera ilegal, y el país evaluar si queremos entregar nuestras tierras a una despiadada explotación de nuestros suelos e inmediata afectación a nuestro líquido vital, o evaluar si el propio estado, como lo ha hecho Chile con Codelco, empresa 100% de propiedad del Estado chileno y primer productor mundial de cobre, puede presentar, después de algunos años, y con todas las consultas previas y consentimientos, proyectos veraces para bien de la comunidad afectada y de todo el país. Una oportunidad para mejorar nuestra economía -incluyendo la generación de empleo- sería revitalizar, incluso con inversión privada, la producción petrolera sin explotación con ‘estimulación hidráulica’ -conocida como ‘fracking’- que de igual manera contaminaría más nuestras aguas superficiales y subterráneas. Como igualmente ocurre con Ecopetrol -empresa pública colombiana y una de las más importantes del mundo- Petroecuador, con más personal técnico que administrativo, y procesos modernizados, podría seguir siendo el protagonista, considerando los 8.8 miles de millones de barriles de petróleo de reserva que aún tiene Ecuador -que para bien de nuestra megadiversidad no topará ITT. El caso minero merece un tratamiento de política pública diferente, como el país acaba de colegir. Además, para el caso de Loma Larga ya Cuenca se pronunció en Consulta Popular con un sí para la prohibición de actividades mineras.
Diego Fabián Valdivieso Anda