Según estadísticas conocidas, en nuestro país hay cada año, más de dos mil víctimas mortales por accidentes de tránsito. Esta cifra representa un promedio superior a cinco muertos diarios por esta causa, originados en la acción homicida de algunos conductores que manejan no sólo de una manera irresponsable, sino además, de una forma demencial.
El asfalto con frecuencia se mancha de sangre, y por supuesto no faltan discursos y declaraciones de las autoridades al respecto.
¿Pero qué hacen nuestras autoridades frente a este gravísimo problema? Es difícil creerlo, pero no hemos visto nunca de parte de ellas una acción eficiente.
No hay suficiente control en las carreteras de la velocidad de los automotores, ni de la alcoholemia en posibles conductores ebrios, tampoco del exceso de pasajeros en el transporte público, para mencionar las más frecuente causas de estos siniestros. Tampoco se ha sabido que se capture y sancione a los conductores autores de estos aciagos acontecimientos.
Con tanta irresponsabilidad e indolencia, las autoridades, adquieren corresponsabilidad por omisión en cuantos decesos, heridos y daños se producen por esta causa. Por lo tanto es imperativo implementar las medidas mencionadas y otras más para evitar tanto accidente vial.
Este problema, en mi opinión, no se solucionará con repetitivas mesas de diálogo o cursos de capacitación, que siempre se los ha impartido sin mayores resultados.
Esto se solucionará, al menos en gran parte, aplicando estrictamente una ley fuerte, es decir controlando rigurosamente aquellos factores mencionados anteriormente, y sancionando de forma íntegra a quienes no cumpliesen las disposiciones de tránsito, tanto conductores, propietarios de los vehículos, y cooperativas de transporte. Las sanciones contempladas en la ley actual no responden a la gravedad de las circunstancias. Esta ley con seguridad fue aprobada en forma vergonzosa bajo cierto cálculo político o mezquinos intereses, pero menos a la luz de un auténtico deseo de protección de la vida.