El caso Sobornos no solo deja lecciones en el ámbito jurídico y político al Ecuador. También es un referente adicional para visualizar en perspectiva el manejo de las empresas y cómo, por acción u omisión, sus ejecutivos son sancionados por incumplimiento de la ley.
La historia reciente en el país y en el mundo también ha reflejado casos de empresas vinculadas en hechos de corrupción. Ahí, por ejemplo, está Odebrecht y cómo sus tentáculos se inmiscuyeron en el poder. La lista es larga y ahora mismo hay firmas señaladas por afectar a instituciones públicas nacionales, por sus inversiones en bolsa.
En medio de este contexto, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros acaba de aprobar las Normas ecuatorianas para el Buen Gobierno Corporativo. La implementación de este cuerpo legal, cuyo análisis ha tardado años, sin duda es una aspiración importante para el sector empresarial porque promueve la transparencia y una buena administración del negocio.
La aplicación de esta normativa busca evitar conflictos y pugnas de intereses entre socios accionistas mayoritarios y minoritarios, fortalece las relaciones del nivel directivo empresarial, establece procesos para la sucesión de los directivos, da respuestas ante situaciones de contingencia.
En la resolución se establecen disposiciones para los derechos de los accionistas y el trato equitativo, para la Junta General o Asamblea de accionistas, las funciones del Directorio, gobierno familiar, arquitectura de control, sistemas, responsabilidades.
Un aspecto relevante de las normas se refiere a la transparencia en el manejo de la información financiera y no financiera; así como medidas para combatir y mitigar la corrupción empresarial. Incluso la implementación de un gobierno corporativo en una empresa (pública o privada) es un aliciente más para atraer inversiones y visualizar estrategias de crecimiento corporativo, dentro y fuera del país. Ahora queda en manos de las compañías aplicarlas y dar un buen uso. Que así sea.