La espera de más de seis años terminó y el 2020 comienza con una buena noticia para el Ecuador: en la Asamblea Nacional se aprobó la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación. Para que entre en plena vigencia se esperan los trámites correspondientes, como el veto del Ejecutivo, y la posterior elaboración y aprobación de los reglamentos. Se trata de un proceso que se esperaría concluya en el transcurso del primer semestre de este año.
Si bien los emprendedores han impulsado, impulsan e impulsarán sus ideas de negocios, con o sin la vigencia de marcos normativos específicos, la nueva ley ayuda a potenciar a aquellos emprendimientos innovadores y con valor agregado. No obstante, el gran reto que tiene esta ley para que no se quede en el papel es la practicidad con la que se involucren todos los actores del sector público, para facilitar la vida del emprendedor y que no termine siendo la burocracia la que desmotive ese espíritu legal.
Ecuador es uno de los países más emprendedores de la región y ahí está la actitud y el talento humano que se requiere para crear nuevas empresas y generar más empleos.
Un aspecto clave que no plantea esta ley y que debería ser parte, a lo mejor de una nueva propuesta, tiene que ver con los incentivos tributarios para aquellas empresas que quieran apoyar a los emprendimientos (incluso para que se integren como parte de su cadena de valor). Esos incentivos no existen y en algún momento se pensó incluir este asunto en la Ley de Fomento Productivo II, que quedó en el olvido de la agenda económica y productiva del Gobierno. Pero se trata de un tema, que a lo mejor, que se incluya en 2021.
De todos modos, la ley aprobada es un gran avance. Desde varias estructuras se plantean mecanismos para consolidar el ecosistema, en donde se abordan temas relacionados con el financiamiento, la renovación de la malla curricular para incentivar el espíritu emprendedor, estímulos para la educación superior y las creación de incubadoras, entre otros aspectos. Hay bastante tarea para afianzar la ley.