Sí. Eso quiere saber el país. Resulta que entre el 2009 y el 2019, los jueces ordenaron decomisar bienes de 34 procesados por corrupción e Inmobiliar, la entidad que administra los activos del Estado, solo tiene en su poder 14 propiedades de cuatro involucrados. ¡Increíble!
¿Qué sucedió con el resto? Los fiscales culpan a los jueces y estos, a los fiscales. Nadie se responsabiliza por lo que sucede.
Lo cierto es que tampoco existe un sistema informático para que los operadores judiciales e Inmobiliar realicen el seguimiento y control de las órdenes de retención.
En la lista de quienes todavía tienen deudas pendientes con el país están ministros, gerentes, directores, técnicos, empresarios y abogados de la era correísta.
¿En dónde quedó la gran cirugía contra la corrupción? Aquí hay una tarea pendiente.
Fiscalía, Contraloría, Procuraduría, Unidad de Análisis Financiero, Secretaría Anticorrupción y Judicatura actúen.
Desde el 19 de febrero, esos entes trabajan juntos en el denominado Convenio de Cooperación Interinstitucional. Entonces, bajo el debido proceso agiliten los procesos para que vehículos, casas, oficinas y otras propiedades de los procesados pasen a Inmobiliar. Si no todo quedará en discurso.
El fin de semana, este Diario documentó cómo dos años después de haber sido detectados por la Fiscalía, tres propiedades de Pedro Delgado, primo de Rafael Correa, todavía no están en poder del Estado.
Igual ocurre con Gastón Duzac, el empresario que en el 2 011 recibió de Cofiec USD 800 000 y hoy está prófugo. Desde el 2 015 está vigente una orden para decomisar sus bienes en Argentina, pero no hay resultado alguno.
Lo que sucede con Jorge Glas es capítulo aparte. Un año y tres meses después de su sentencia por Odebrecht, el Estado no puede recuperar USD 14 millones que la Justicia ordenó confiscar a él y a su tío Ricardo Rivera.
La respuesta es que la condena no está en firme. Es verdad. Pero el país quiere resultados concretos del combate a los corruptos.