¿Usted no daría prioridad a su madre de estar en la misma posición del Ministro? Fue la pregunta que muchos hicieron a quienes señalaban como una incorreción ética grave, cuando no una infracción y un error político, el que se haya vacunado prioritariamente a la madre de quien dirige el proceso de vacunación contra el covid, el Ministro de Salud. El propio funcionario lo justificó: para él era parte del plan de vacunación y no estaba de acuerdo con cualquiera que pensara que debía dejar fuera a su madre, de 87 años, en su condición de hijo, doctor y Ministro.
Quedó claro lo poco que se entiende la noción de ética pública, el desconocimiento de lo que significa una república, un bien público, el rol de un funcionario y la prohibición -legal y ética- del uso de un cargo para favorecer intereses propios.
Un hecho es obvio: las vacunas son un bien escaso en este momento; apenas llegaron 8 000 dosis para unas 4 000 personas; el Estado monopolizó su adquisición y suministro y, por tanto, los posibles beneficiarios dependen de la decisión de un grupo de burócratas. Esto lleva a preguntarnos ¿cómo asegurar que al decidir a quien se aplica primero exista un mínimo de racionalidad y de aparente justicia? La respuesta obvia es que deben recibirla quienes, por su trabajo, están especialmente expuestos al contagio, esto es, el personal de salud que atiende casos covid en primera línea; incluso se podría aceptar algunas excepciones, como vacunar al propio Ministro o al Presidente por su valor simbólico (enviar un mensaje de confianza en un contexto plagado de mentiras sobre las vacunas). Los demás debemos esperar a que esto se haga siguiendo criterios objetivos.
En el país hay un poco más de 290 mil mayores de 80 años, padres, madres, hermanos, hermanas, abuelos de alguien. ¿Qué diferencia existe entre la madre del Ministro, la madre de quien lee estas líneas o la mía? Por eso, dar por válida la justificación del Ministro de priorizar a su madre, implica aceptar que cada funcionario público dé preferencia a sus seres queridos; y si ya estamos en eso ¿por qué no darle el trabajo, o un contrato, al hermano o al tío? ¿por qué no darle el turno en el hospital público al pariente, el medicamento o el préstamo con recursos públicos, el cupo en la universidad o la prioridad en un caso que tramita el sistema de justicia?
No se trata de este Gobierno o este Ministro. Vivimos en una cultura del privilegio, del palanqueo, de la corrupción; existe una aceptación social a la concesión de ventajas indebidas desde lo público y esto, en parte, permite explicar que sigan buscando llegar al poder personas y grupos políticos contra quienes existe claras evidencias de que aprovecharon de forma indebida bienes; por eso, en esta campaña electoral parece se busca reemplazar unos privilegiados por otros, porque la ética de lo público parece haber muerto hace tiempo.