Ninguna niña, niño y adolescente debe quedar fuera de la escuela. El internet debe cubrir todo el país. Todos los estudiantes y profesores deben acceder a computadoras y teléfonos inteligentes. Todas las instituciones educativas deben estar provistas de plataformas y software educativos. La universalidad de maestros debe capacitarse en las nuevas tecnologías. Las familias deben instruirse para acompañar en casa los estudios virtuales de sus hijos. Estas y otras son condiciones básicas para enfrentar esta fase de transición, en la que hemos decidido defender vida frente al virus.
Y pensando en el retorno a la presencialidad, aprovechar estos meses para que todas las escuelas, especialmente las rurales tengan acceso a agua potable, lavamanos, servicios higiénicos. Así mismo, los infocentros de la ruralidad deben ser repotenciados. Y en las zonas urbanas, para bajar el impacto negativo en la calidad educativa y evitar el sobre trabajo del docente, debido a la masificación generada por la movilidad de estudiantes de la educación privada a la pública, se requiere de la contratación de profesores, y dotación de más aulas e infraestructura escolar.
Estamos frente a la necesaria ejecución de un plan de contingencia educativo a gran escala, para lo que se requiere de enorme voluntad política y de recursos, que hasta este momento no existen. Sin embargo, debido a la reciente difusión de datos de la calamitosa situación educativa que anuncia una catástrofe, y a la desesperación e indignación de cientos de miles de familias que no saben ni tienen los recursos para responder este momento, y que configuran un voto castigo a los políticos miopes, la educación paulatinamente recupera protagonismo en las políticas públicas, que debe asignarle recursos de urgencia.
¿De dónde? A corto plazo el Gobierno anuncia la inyección de 6. 500 millones de dólares de un acuerdo con FMI. Una parte de esa plata debe invertirse en las necesidades señaladas, muchas de las cuáles son obra pública e inversión, que garantizará, como efecto colateral benéfico, trabajo y reactivación económica. A mediano y largo plazo hay que ir a un Pacto Social Fiscal, para financiar y salvar a la educación pública que está en inminente peligro.
Mientras estas medidas estatales llegan, los hijos de los pobres y clase media no se pueden quedar sin educación. Para esto, los docentes junto a las familias, comunidades, y gobiernos locales, deben activar redes de apoyo mutuo, comunidades de aprendizaje, medidas creativas educativas y de retención, activando la autonomía pedagógica y la energía social desde abajo.
La inmensa fuerza de 160.000 maestros tiene que ser potenciada para este proceso. Hasta ahora de sus bolsillos, computador, celular, por vocación, han mantenido el contacto con sus alumnos. Deben recibir a tiempo sus sueldos. Y la sociedad, valorar y apoyar su trabajo.