En medio de uno de los procesos electorales más confusos y fragmentados de la historia, el gobierno saliente del Ecuador anuncia, con cierto entusiasmo, la suscripción de un “convenio macro” con la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DEC o Usidec), cuya creación firmó Trump en la llamada ‘BUILD Act’ de 2018.
Para no caer en optimismos prematuros, como ya ocurrió con el Convenio del FMI. (Marzo de 2019), es necesario tener las cosas bien claras:
No pueden esperarse resultados inmediatos, como parece que son las expectativas. La firma ocurre justo cuando Estados Unidos y Ecuador están cambiando sus gobernantes, en una coyuntura mundial muy compleja en la cual han coincidido, simultáneamente, todas las crisis imaginables: económica, política, social, jurídica, ambiental, impregnadas todas por una letal pandemia aún incontrolable. Lo futuro es imprevisible.
Además, la Usidec se evidencia como complemento para lograr los objetivos de la política exterior de Estados Unidos. Es la herramienta elegida en su estrategia para hacer frente al avance de China como el gran financista de África, Asia y Europa del Este. Últimamente, con los ojos puestos en América Latina, con una importante misión especial: frenar la agresiva incursión de la tecnología china en la implementación del 5G.
Su presupuesto la friolera de USD 60.000 millones, a ser otorgados en forma de préstamos y garantías, a entes privados estadounidenses dispuestos a hacer negocios en países en vías de desarrollo.
Para prepago de deudas, hay condiciones que deberán negociarse, de nuevo, si se trata de acreedores chinos.
Lo que sí es importante: queda abierta otra puerta para que Ecuador acceda a una fuente adicional de recursos que contribuiría a amortiguar su profunda crisis económica. Además, este sistema podría garantizar la transparencia que, hasta ahora, ha sido la gran ausente en casi todas las negociaciones.