23 de noviembre de 2020 18:36

Los tramitadores acechan en las afueras de las oficinas públicas; ofrecen todo tipo de ‘servicio’

La Policía Judicial de Pichincha dice que hasta el momento no se han presentado denuncias en contra de tramitadores por posibles estafas. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

La Policía Judicial de Pichincha dice que hasta el momento no se han presentado denuncias en contra de tramitadores por posibles estafas. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

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Sara Ortiz

“A la orden, ¿en qué le puedo ayudar?”. Así saluda una mujer joven, que permanece de pie en las afueras de la matriz del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), este lunes 23 de noviembre del 2020.

Ofrece sus servicios para “atender cualquier trámite”, desde préstamos quirografarios, fondos de cesantía, cambios de clave hasta actualización de datos.

Afuera de esa entidad está Jorge Reyes de 67 años. Es jubilado y dice que desde hace tres meses tramita el pago de su jubilación, pero no ha podido conseguirlo.

“Estoy desesperado, porque ya no tengo con qué dinero comer”, relata. El hombre lleva un collarín y se mueve lento por una enfermedad que padece. En una mano carga su cédula y un certificado de haber terminado su relación laboral con una empresa, en donde fue mensajero más de 28 años.

“Me dicen que hay turnos, yo no puedo usar la computadora y aquí estas personas me piden dinero a cambio de ayudarme”, se queja.

Afuera de la Agencia Nacional de Tránsito la situación es igual. Los carteles de los locales que funcionan cerca de la puerta principal ofrecen “ayuda” para realizar los trámites de matrículas, licencias, exoneraciones, certificados, etc.

Ahí se encuentra Walter Guaminga. Dice que desde el 20 de junio pasado intenta conseguir una certificación de transporte pesado para un camión que compró.

Sin ese documento, el vehículo no puede circular dentro y fuera de Pichincha.

Se queja también sobre la presencia de los tramitadores, quienes le piden entre 5 y USD 10 por un turno para ser atendido.

Estas personas, dice, llegan en la madrugada y hacen fila durante horas. A las 07:00, son los primeros en la fila, reciben los turnos que los funcionarios de la Agencia Nacional de Tránsito reparten. Los primeros lugares valen más.

Otra persona, quien prefiere no dar su nombre, dice que los tramitadores le han pedido USD 45 por entregarle una licencia de conducir. “Yo he preguntado cómo es y ellos aseguran que tienen contactos adentro y que es bien seguro; me garantizan la entrega”.

En el Registro Civil, la falta de turnos genera malestar en un grupo de ciudadanos.

“Estamos hartos”, grita un hombre. El guardia de seguridad indica a la gente que sin turno no pueden ingresar a la institución.

Los tramitadores miran desde lejos la escena. “Yo le puedo ayudar en lo que necesite”, dice una mujer.

Lo único que pide es que la sigan hasta una oficina cercana en donde su jefe escuchará su caso y le dará una solución. “La consulta es gratis”, indica.

La Policía Judicial de Pichincha dice que hasta el momento no se han presentado denuncias en contra de tramitadores por posibles estafas. “La gente paga para recibir sus documentos y los tramitadores les piden silencio”, indica un agente.

Oded Escalante viajó este lunes desde Pifo hasta la sede del Registro Civil, en la av. NN.UU. Su objetivo era conseguir una cédula de mayor de edad, porque la que tiene no sirve para entregar en una empresa que la quiere contratar.

“Tengo hasta a las 16:00 para entregar la cédula, sino pierdo el trabajo”. La joven está preocupada y alrededor de ella se acumulan los tramitadores, quienes la miran mientras intenta dialogar con el guardia de seguridad.

Uno de los investigadores asignados a estos casos dice que estos grupos funcionan como una estructura lícita.

Ofertan a la gente ayuda para llenar cuestionarios y sacar turnos, todo dentro de lo legal. Pero al mismo tiempo, “a las personas más desesperadas o urgidas les ofrecen tramitar los documentos a cambio de dinero y con ayuda de personas que están dentro de las entidades públicas”, dice el agente.

A partir de la denuncia de hackeo de la ANT, la Policía conformó un equipo para investigar a estas supuestas redes y establecer si hay delitos como tráfico de influencias o concusión.

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