23 de octubre de 2018 00:00

Yánez, el exhombre fuerte de Alvarado, está con protección

Así opera el brazalete de seguridad
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Redacción Seguridad

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Tras la fuga de Fernando Alvarado, su exsubsecretario, Pablo Yánez, prepara y legaliza 180 documentos para entregar en la Fiscalía. La idea es que ese material sea incluido en el proceso por supuesto peculado que la Fiscalía sigue en contra del exsecretario de Comunicación de Rafael Correa.

En esa documentación están, por ejemplo, correos electrónicos, que se presentarán durante esta semana.

La abogada de Yánez, Lorena Grillo, dice que este material servirá para “poner en orden los hechos” y esclarecer que Alvarado manejaba la titularidad de la Secretaría de Comunicación (Secom) en el período 2013 y 2014. Además, que era quien daba las órdenes, contrataba proveedores y manejaba todos los temas relacionados con la investigación.

Desde el 9 de agosto pasado, el proceso contra Alvarado está en fase pública de investigación (instrucción fiscal).

Los investigadores rastrean posibles irregularidades. En la audiencia del 9 de agosto, cuando la justicia ordenó a Alvarado que use el grillete, la fiscal Ruth Palacios presentó como evidencia el informe de la Contraloría con indicios de responsabilidad penal sobre las sabatinas. Para la Fiscal, en el documento DNA4-004-2018 se establece un perjuicio para el Estado de USD 250 240, por irregularidades en la contratación de servicios técnicos audiovisuales para los enlaces, así como la falta de documentos que respalden los pagos.

Dentro de la fase de investigación previa, la Fiscalía recopiló versiones libres y voluntarias de al menos ocho exfuncionarios de la Secom.

En sus testimonios señalaron a Pablo Yánez como el responsable de tomar decisiones y de manejar la institución.

Por ejemplo, en una de las versiones tomadas el 21 de junio pasado, Galo Pacheco, subsecretario de Medios Institucionales subrogante, señaló, por ejemplo, que la contratación de un camarógrafo estuvo a cargo de Yánez.

Grillo rechazó esa posibilidad y precisó que su defendido era administrador y cumplía tareas logísticas dentro de la Secretaría de Comunicación.

El coordinador general administrativo financiero de la Secom, Javier Lemos, dijo que Yánez también avaló pagos a una empresa.

La fiscal Jéssica Córdova preguntó a Lemos sobre el convenio suscrito con esa empresa y él respondió que fue contratada para mejorar la producción del enlace ciudadano y que facturó USD 58 240.

Una vez que la Fiscalía reciba de Yánez la documentación tendrá que analizarla y enviarla a la Corte Nacional, para que esta instancia determine hora y fecha para que él pueda rendir su testimonio anticipado.

Grillo dice que el objetivo no es presentar pruebas que incriminen a Alvarado, sino aclarar el caso.

El pasado 12 de octubre, Yánez hizo público un comunicado dirigido al fiscal General encargado, Paúl Pérez, donde solicita ser incluido al Sistema de Protección de Víctimas y Testigos, porque según el escrito, “la información que pretendo entregar a su autoridad es altamente sensible”.

Desde el pasado miércoles, él es parte de la Unidad de Protección a Testigos de la Fiscalía General del Estado. El Gobierno cree que el anuncio del exfuncionario de revelar información fue otra causa para que Alvarado se fugara.

Entre tanto, a las 10:00 de mañana se desarrollará una audiencia en la que se cambiará el uso del grillete por otra medida en contra de Alvarado.

El Código Penal (art. 522) establece seis tipos de medidas, para garantizar la presencia de una persona en un proceso judicial. Allí se establece, por ejemplo, la prisión preventiva, el arresto domiciliario o la prohibición de dejar el país.

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