27 de octubre de 2017 00:00

El caso por violación de un niño se reactiva

El padre del menor era guardia del plantel en donde se habría producido la violación. El establecimiento fue cerrado. Foto: Mario Faustos/EL COMERCIO

El padre del menor era guardia del plantel en donde se habría producido la violación. El establecimiento fue cerrado. Foto: Mario Faustos/EL COMERCIO

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Redacción Guayaquil

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Del sitio en donde un niño de 8 años habría sido violado solo quedan ruinas. Un extenso cerramiento, pintado con coloridos dibujos de niños sonrientes, oculta lo poco que queda de ese plantel.

Manuel (nombre protegido) trabajaba como guardián en ese establecimiento del norte de Guayaquil, que ahora está cubierto por maleza, garabatos y óxido en las puertas. Su esposa y sus hijos lo visitaban seguido y conocían bien el lugar.

Una tarde, mientras su hijo menor lo esperaba, habría sido acorralado en los baños por el conductor de un expreso escolar que trasladaba a estudiantes de esa escuela. Bajo amenazas, el presunto agresor lo obligó a bajarse los pantalones para cometer el delito.

El fiscal Rómulo Sevilla, quien llevó el caso, recordó ayer parte del relato del niño. Manuel puso la denuncia en la Fiscalía el 16 de julio del 2014.

Fue poco después de conocer que la neumonía que lo obligó a hospitalizar a su hijo era causada por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). Otros exámenes médicos verificaron luego las lesiones físicas por violación.

Tres años después, la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura aceleran el proceso para la audiencia de juzgamiento contra Ángel Ch. Por ahora, el chofer se presenta cada 15 días en uno de los despachos de la Fiscalía de Violencia de Género.

Esa es una de las medidas que la jueza Jessenea Hidalgo le otorgó en la audiencia preparatoria de juicio en mayo pasado. Esa decisión se tomó porque el sospechoso tendría 75 años (tercera edad) y padece una enfermedad catastrófica: en el 2008 fue diagnosticado con el virus del VIH.

Ese fue el argumento de Eduardo Franco Loor, quien defendió en esa fecha al presunto agresor. El abogado aseguró que dejó el caso hace unos meses.

Julio Aguayo, director del Consejo de la Judicatura en Guayas, explicó que nose ordenó la prisión, precisamente por ser portador del VIH.

En cuanto a la demora del proceso, dijo que las fechas dependen del sistema mediante el cual se agendan las audiencias.
“Analizando la situación de cada caso se genera el agendamiento. Tengo entendido que hoy será la audiencia dentro de ese caso”, dijo ayer, 26 de octubre de 2017. Sin embargo, la diligencia fue aplazada para el martes 31 de octubre, hasta notificar a las partes.

Manuel decidió hacer pública la historia de su hijo debido a la lentitud del proceso. El miércoles 24, tras la publicación del caso en varios medios de comunicación, la Fiscalía informó que solicitó al Tribunal Penal fijar de inmediato una fecha para la audiencia.

El fiscal Sevilla dijo que hace dos meses salió de la unidad que llevaba el caso, pero recuerda que tras su análisis pidió la prisión preventiva. Y recomendó que el niño reciba tratamiento clínico y psicológico en una entidad privada.

“Desde que cogí esa investigación se sustanció y formulé cargos. Eso fue en 90 días, como indica la ley. Se hizo la audiencia preparatoria de juicio y obtuvimos el auto de llamamiento a juicio”, explicó Sevilla. El caso ahora está a cargo de la fiscal Margarita Neira.

En esta semana, Abdalá Bucaram Pulley asumió la defensa de Manuel y de su hijo, que actualmente tiene 11 años. No solo critica el lento proceso sino también habla de una presunta negligencia por parte de las autoridades del plantel, al no dar alertas del caso.

“Este es un delito mayor, es una violación a un menor. Lo único que cabe es la sentencia, la cárcel para el agresor, y buscar una forma de reparación para esta familia de escasos recursos, que ha gastado tanto en los cuidados del niño”, dijo.

La escuela donde habría ocurrido el ataque sexual dejó de funcionar el mismo año en que Manuel puso la denuncia.
Fue cerrada con la promesa de construir una unidad educativa del milenio.

El cartel que anuncia la obra luce borroso por el paso del tiempo. El plantel ahora funciona en un centro cercano, en la cooperativa Juan Montalvo.

“Estamos preocupados -dice María, madre de una estudiante-. Nunca habíamos escuchado lo que le pasó al niño, pero queremos que nos aclaren si ese chofer sigue trabajando”.

Los maestros no quieren hablar del caso. Las autoridades educativas confirmaron que no hay registros de una denuncia ante el distrito educativo, pero se comprometieron a hacer un seguimiento.

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