13 de julio de 2019 00:00

Solo uno de cada 80 casos de usura llega a sentencia en el país

Sofía (nombre protegido) vive en la casa de su hermana, tras la estafa de un chulquero.

Sofía (nombre protegido) vive en la casa de su hermana, tras la estafa de un chulquero. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

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Redacción Negocios

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Ellos lo perdieron casi todo en manos de los usureros y no han recibido justicia. Susana (nombre protegido) construyó durante 25 años su patrimonio: un edificio de tres pisos y siete locales para arriendo. Hoy vive en el patio de la casa de una amiga, cubriéndose con cobijas y plásticos. Sobrevive de alimentos y ayuda económica de familiares y amigos.

En el 2004 el exesposo comprometió una parte de su propiedad con un usurero. El chulquero le pidió a Susana USD 6 500 para evitar que pierda el edificio. Ella, desesperada, acudió a una prestamista informal de El Oro. Aún conserva la copia de la letra de cambio que firmó con la mujer.

Las cuotas mensuales se fijaron en USD 940 más 450 por intereses. Debido a estas duras condiciones, en solo 14 meses, que era el plazo de pago, la deuda se convirtió en USD 19 460.

Pese a que cumplió con los pagos, la usurera nunca le devolvió la letra de cambio y en el 2006 alteró ese documento y lo usó para demandarla por supuesto incumplimiento en la cancelación de la deuda.

Pese a que Susana contaba con pruebas de los pagos y de que la letra de cambio fue alterada, perdió el juicio.


Tras un largo proceso en los juzgados, la propiedad salió a remate en el 2012. “Tratamos de negociar para no perder el bien, pero me pedía USD
250 000. Era demasiado dinero”, relató con dificultad. La tos, consecuencia de vivir prácticamente a la intemperie, casi no la dejaba hablar.

Ese año demandó a la prestamista por usura y logró un fallo a favor. La usurera fue detenida, pero solo por un mes. Entonces, decidió presentar una denuncia por fraude procesal, que sigue en investigación. Desde entonces va de juzgado en juzgado buscando justicia.

Susana (nombre protegido) vive en el patio de la casa de una amiga. Perdió su vivienda en manos de un usurero.

Susana (nombre protegido) vive en el patio de la casa de una amiga. Perdió su vivienda en manos de un usurero. Foto: Cortesía


El Oro es la cuarta provincia con el mayor número de denuncias por usura, después de Pichincha, Guayas y Azuay.

Este delito se define en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) como “el préstamo directo o indirecto que realiza una persona con un interés mayor permitido por la Ley”.

Desde el 2014 se endurecieron las penas a quien realice esta actividad. Se castiga de cinco años de cárcel hasta 10 años si hay más de cinco víctimas. Además, se ordena la devolución de lo hipotecado o prestado y la restitución de lo pagado ilegalmente. Entre 2014 y el 19 de junio de este año se presentaron 2 560 denuncias por usura, pero solo 32 llegaron a sentencia; es decir, una de cada 80. Solo en cuatro se logró dictamen acusatorio.

La gran mayoría de casos se queda en indagación. Es el caso de Marco, quien presentó una denuncia en 2016. La sentencia se espera para agosto.
En 2009 el hombre, cuencano y de 54 años, recurrió a un chulquero para tener liquidez para su negocio de computadores. No pidió un préstamo, sino que el usurero cambiaba cheques posfechados de los clientes de Marco por efectivo a cambio de retener USD 1 500 por cada operación.

El chulquero le exigió que firmara letras de cambio en blanco; firmó 500 en siete años. Además, se hizo traspasar un terreno que ofreció devolverle cuando terminara el acuerdo, pero esto no se cumplió.


En 2015 el prestamista demandó al empresario, por supuesto incumpliendo de pago, con ocho letras, y ganó el juicio. Marco perdió el terreno y tuvo que pagar USD 4 000.

“No se va a la banca porque no hay facilidades, se necesita mucha documentación. El chulquero se vuelve el camino más fácil. Cualquier cantidad que se pide le dan”.

Para Sofía (nombre protegido), quien reside en Quito, acudir a esta forma de financiamiento se volvió un círculo vicioso. Pedía préstamos a varios usureros para poder pagar los intereses de créditos informales anteriores. La primera deuda fue de USD 2 000 y en siete años se convirtió en 28 000. Se endeudó con siete usureros diferentes en ese período. A algunos los contactó en la calle y a otros por publicidades que vio en varios medios de comunicación y que decían: “Préstamos para vivienda, capital de trabajo, viajes”. Otro anuncio prometía dar créditos para incrementar el capital, con garantías hipotecarias, para generar alta plusvalía.

Cuando el monto de la deuda se hizo imposible de pagar, Sofía trató de negociar con el chulquero, pero él la demandó. Perdió la casa. “Por estos problemas, mi mamá se enfermó del estrés. En el 2012 nos quitaron la casa y mi mami falleció”.

Ese año presentó una denuncia, pero se archivó. De hecho, 20% de las causas tramitadas en el país se archiva.

En agosto de 2018, 30 víctimas se reunieron con miembros de la Judicatura para exigir un control adecuado a los procesos que presentan quejas por errores de los jueces. En esa ocasión, el ente señaló que una de sus prioridades es la lucha en contra de este delito y se comprometió a dar seguimiento a las causas.

No olvide

Interés. La tasa máxima de interés anual que un banco puede cobrar va de 7,23% a 28,5%, según el tipo de crédito. En la usura, el interés llega hasta el 120% al año.

Usura. Los prestamos que otorga un chulquero son rápidos, pero se exige el traspaso de bienes (terrenos, autos, viviendas) que no se devuelven.
Letras de cambios. Los prestamistas informales exigen a sus clientes firmar letras de cambio que luego adulteran. También piden estos documentos en blanco.

Denuncias.
Cuando una persona es víctima de usura, debe poner una denuncia en la Fiscalía General del Estado o en la Defensoría del Pueblo más cercana.

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