Santiago Zeas. Corresponsal en Bogotá
En Colombia aún no hay la certeza de que el convenio militar con EE.UU., para el uso de siete bases militares, tenga como único propósito el combate al narcotráfico y a la guerrilla.
En esferas académicas y de análisis circulan dos tesis sobre el trasfondo de ese acuerdo. La primera: que fue la oportunidad de oro para el gobierno de Álvaro Uribe para garantizar la continuidad de la cooperación militar de Washington, que es fundamental en su política de seguridad.
Y la segunda, que establece que el acuerdo puede ser un elemento que empuje a EE.UU. a conceder el Tratado de Libre Comercio (TLC), que está estancado en el Congreso de EE.UU.
Un estudio de la Fundación Ideas para la Paz, que analiza las diferentes aristas del conflicto colombiano, explica que la Casa de Nariño vio en ese convenio la garantía para mantener la colaboración de EE.UU.
Tres son los argumentos que sostienen esta tesis y que afirman que la ayuda militar desde Washington estaba en riesgo. Según el estudio, EE.UU. tiene dudas sobre la eficacia del Plan Colombia. En un documento de 2008 de la Contraloría General estadounidense se advierte que hay tareas pendientes en asuntos como erradicación de cultivos ilícitos y rutas de tráfico de droga.
Por ello, la Contraloría planteó la necesidad de cambiar de enfoque al Plan Colombia, imprimiendo mayor énfasis al componente social.
El segundo argumento es el triunfo del presidente Barack Obama y el control de los demócratas en el Senado y en la Cámara de Representantes. Tanto Obama como el Partido Demócrata mantienen una visión crítica del Gobierno colombiano y de varias de sus políticas de seguridad.
La última explicación de esta teoría es la crisis internacional, que golpeó duramente a los estadounidenses. Ese hecho obligaría a la Casa Blanca a revisar el monto de los recursos destinados para el conflicto colombiano.
Entre 2000 y 2008 Bogotá ha recibido alrededor de USD 4,9 billones por concepto de cooperación desde EE.UU.
Para Fernando Cvitanic, catedrático en política exterior de la Universidad de la Sabana, resultaba comprensible el temor de Uribe de un eventual recorte en la cooperación militar.
Entre otras razones, porque es evidente en EE.UU. que una de las carencias del Plan Colombia es la falta de una dimensión social efectiva. “La coacción y represión no pueden ser las únicas formas para solucionar el conflicto colombiano, que está atado a la desigualdad en su población”.
A cambio de mantener la cooperación militar con Colombia, el convenio también trae un beneficio geopolítico para los intereses de la Casa Blanca. José Marulanda, consultor en seguridad y defensa, afirma que el uso de esas instalaciones militares colombianas permite a EE.UU. “mantener una observación cercana de la región andina en particular y de Sudamérica en general”.
Desde el plano académico también se maneja la tesis de que la firma del acuerdo para el uso de las siete bases es una suerte de “mérito” que realiza Colombia, en su objetivo de que el Congreso estadounidense ratifique el Tratado de Libre Comercio (TLC).
Ese acuerdo comercial está parado en el Congreso estadounidense. Gary Locke, secretario de Comercio, cree que este año tampoco será viable su ratificación.
La principal razón es que la Legislatura está enfocada en tramitar las reformas prioritarias, como la de salud, propuestas por Obama.
A pesar de que los temas comercial y militar están en la actualidad en andariveles diferentes, en Colombia se cree que al final el acuerdo para el uso de las bases terminará por impulsar a futuro la ratificación del TLC. “Tarde o temprano EE.UU. se lo va otorgar a Colombia, como un reconocimiento por ser su aliado en la región”, dice Cvitanic.