1 de noviembre de 2019 00:00

Ecuador tiene seis meses para cumplir exigencias de la Unión Europea

La flota atunera nacional es una de las más importantes del océano Pacífico oriental.

La flota atunera nacional es una de las más importantes del océano Pacífico oriental. Foto: Archivo EL COMERCIO

valore
Descrición
Indignado 0
Triste 3
Indiferente 0
Sorprendido 2
Contento 7
Priscila Alvarado

Ecuador tiene seis meses para efectuar correctivos en la normativa pesquera y así levantar la tarjeta amarilla impuesta por la Comisión Europea el pasado martes 29 de octubre de 2019.

La emisión de este tipo de tarjetas forma parte de un sistema que implementó la Unión Europea (UE) desde el 2010 para certificar que los productos que envían sus socios comerciales no procedan de la pesca ilegal.

En este primer punto, la Comisión Europea advierte a Ecuador sobre el riesgo de ser identificado como un país que no coopera en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (Indnr, por sus siglas en inglés). Si recibe una tarjeta roja se procede al bloqueo de las exportaciones.

Entre enero y julio de 2019 Ecuador vendió USD 429,19 millones en enlatados de pescado a la UE, según cifras de la consultora Global Trade Company. Este rubro es el segundo más importante luego del banano en el mercado europeo.

Debido a la importancia que tiene ese bloque para las exportaciones ecuatorianas, el país tendría que hacer mejoras en cuatro mecanismos para continuar con los envíos.

La actualización del marco legal, el fortalecimiento de las sanciones y el control sobre la actividad de industrias pesqueras y procesadoras de atún y la implementación de sistemas de trazabilidad para certificar la legalidad de las capturas son los puntos para considerar.

Bruno Leone, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería (CNP), señaló que en lo que respecta a la actualización del marco legal ya se presentó al Legislativo, el pasado 16 de agosto, el proyecto de Ley de Pesca y Acuacultura.

“Tenemos en vigencia una Ley de más de 40 años que solo ha tenido reparos y que no obedece a la realidad actual de la pesca”, señaló Leone.

Por este motivo, agregó el representante gremial, es “urgente” aprobar una nueva ley antes de que acabe el año.

El lunes pasado se retomaron las comparecencias en la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea para, de esta manera, recoger los insumos necesarios para elaborar el informe para primer debate. Se espera que la próxima semana esté listo.

Respecto al tema de la pesca ilegal, Leone recordó que desde el 2008 los barcos pesqueros cuentan con un chip satelital que les controla la navegación y el consumo de combustible cuando salen de faena.

“De esta manera no se da paso al contrabando o a la ilegalidad”, afirmó Jorge Baidal, presidente de la Asociación de Pomaderos de Posorja.

Cerca de 23 millones de toneladas de pescado se capturan de forma ilegal cada año en el mundo. Esa cantidad equivale al 15% del total de capturas, aseguró Pablo Guerrero, director de pesquerías del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) en Ecuador.

Para Guerrero, en este punto la UE presiona por la falta de sanciones claras y fuertes establecidas en un cuerpo legal.

Además, añadió que se debería revisar por qué se considera deficiente el control en las industrias pesqueras y atuneras. Añadió que la pesca y el procesamiento del atún en Ecuador cuentan con estrictas restricciones ambientales y sanitarias. Además, es el segmento pesquero más tecnificado, afirmó.

Guerrero explicó que la demanda de atún está creciendo tanto que cada vez se exigen más certificaciones de sostenibilidad de la pesca.

Desde la CNP se trabaja en un FIP (Proyecto de Mejora de Pesquería) para obtener el sello Marine Stewardship Council (MSC). Se trata de la certificación más importante para la industria atunera. El vocero de la WWF pedirá el documento técnico para saber sobre qué bases se considera deficiente el proceso en las plantas.

Guillermo Morán, director de Tunacons, resaltó que se debe trabajar contrarreloj ya que el plazo que da la Comisión Europea para realizar los correctivos en la legislación es solo de seis meses.

Luego de este tiempo, la UE evaluará el progreso en la solución de las deficiencias identificadas en primera instancia.

Iván Ontaneda, ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, ratificó que se trata de una alerta para mejorar las prácticas pesqueras y “representa una oportunidad” para el Ecuador. El sector pesquero representa más de USD 1 600 millones a la economía nacional.

El embajador de Ecuador ante la UE, Pablo Ortiz, dijo que el proceso para levantar la tarjeta puede tomar dos años. 26 países, incluido Ecuador, tienen actualmente tarjeta amarilla.

Descrición
¿Te sirvió esta noticia?:
Si (4)
No (1)